La Junta acudirá "a tope" al dinero privado para mantener la inversión

Hace dos semanas los consejeros del Gobierno andaluz mantuvieron la primera reunión cara a cara con Economía y Hacienda para elaborar el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta del próximo año. La impresión que sacaron tras estos encuentros se resume en dos estados de ánimo: uno es del tipo "virgencita, virgencita, que me quede como estoy" y otro es el de considerar "magnífico" un "poco" de recorte. Las cuentas del 2010 van a decrecer por debajo de los 33.374 millones del actual ejercicio, pero habrá que esperar al martes 27 de octubre para saber en cuánto. Ese día, la responsable de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, llevará el proyecto de ley al Consejo de Gobierno. Para frenar la brusca caída de la inversión, la Junta va a recurrir "a tope" a los contratos de colaboración público-privada, aseguraron fuentes del Gobierno. Economía ya advirtió en una orden de mayo pasado que el presupuesto sufrirá "serias restricciones" por la caída de los ingresos tributarios (las entregas a cuenta del Estado han bajado un 15%) e instaba a las consejerías a meter la tijera en sus previsiones de gasto.

Sólo crecerá algo educación y se mantendrá sanidad y dependencia

Economía impone que no se licite nada que no tenga un proyecto cerrado

Tras la primera reunión con Economía para la elaboración de los presupuestos los consejeros consultados por este periódico confían en que sus argumentos se impongan en la negociación final, aunque realmente su margen de convencimiento es nulo porque no es una cuestión de dialéctica sino de que no hay más dinero en la caja para repartir. Incluso ha habido quien ha intentado puentear a la consejera Martínez Aguayo y convencer al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de que sus necesidades presupuestarias son más prioritarias que otras. La misión ha resultado inútil, porque Griñán, quien ha elaborado los proyectos de Presupuestos andaluces desde 2004, ha cortado en seco lo intentos de hacer una pirula a su otrora viceconsejera y hoy titular de Economía y Hacienda.

Según varias fuentes del Gobierno, tan sólo las partidas de Educación van a crecer "algo", se mantendrán las de Sanidad y se atenderá a la demanda que reclame la aplicación de la ley de la Dependencia. El resto bajará, aunque habrá proyectos como los ligados al I+D+i o los fondos incondicionados a los ayuntamientos que mantendrán su nivel actual.

Estas fuentes reconocen que hay programas en algunos departamentos de la Administración que caerán hasta en un 40%, lo que, en algunos casos, conllevará a una reducción de la actividad y, por lo tanto, de la contratación externa.

El presupuesto andaluz, que lleva casi una década batiendo récords de crecimiento, acudirá por segundo año consecutivo al endeudamiento para mantener las partidas de inversión. Así ocurrió en el presupuesto ahora en vigor con la inyección de 1.616 millones de euros. Esa cantidad sumados a los 300 millones de euros que Economía computó en concepto de deuda histórica hicieron posible que el incremento fuera del 5,6% en vez de negativo.

Las fuentes consultadas dan por hecho que la inversión pública para 2010 "se va a venir abajo" por lo que la Junta de Andalucía va a entrar de lleno -"a tope" es la expresión utilizada- en la financiación mixta público-privada para proyectos de todas las consejerías. Esta vía ya la utilizan otros países europeos y muchas comunidades autónomas españolas para financiar hospitales públicos, en el caso de Madrid, o la ciudad de la justicia de Barcelona. El problema que plantea esta fórmula -para la que hay diseñada un amplio abanico de aplicaciones- es que el impacto presupuestario de esta decisión puede hipotecar las cuentas de la Junta durante muchos años hasta saldar la deuda completa.

La Consejería de Economía y Hacienda va a revisar la distribución de fondos europeos para que beneficie a los sectores productivos y quiere mantener la apuesta por las infraestructuras (corredor ferroviario, polígonos industriales). Pero Martínez Aguayo ha marcado una línea roja a todos los departamentos y ha puesto como condición no licitar nada que no tenga un proyecto cerrado. Se aceptarán las desviaciones presupuestarias calificadas como normales, pero no cambios de diseño (el recorrido de un metro, por ejemplo) que implique grandes subidones de financiación.

Todas estas operaciones, además, estarán bajo la supervisión de Economía y Hacienda, a la que el decreto que regula la estructura orgánica de la consejería del 19 de mayo pasado le otorga "el impulso, la dirección y la coordinación de los contratos de colaboración público-privada en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía".