La Ley de Aguas choca con los privilegios

La guerra del agua amenaza la última reforma agraria en Andalucía. El temor a perder privilegios históricos ha llevado a los grandes tenedores de tierra a rechazar la Ley de Aguas. Parecía que el amplio consenso con el que, el pasado febrero, se fraguó el Acuerdo Andaluz del Agua iba a allanar el camino de uno de los textos legislativos más importantes de los últimos años en la comunidad: la Ley de Aguas.

Sin embargo, sólo fue un espejismo. Ante la inminencia de su aprobación por el Gobierno andaluz este mes y su remisión en octubre al Parlamento ha emergido una férrea oposición a la misma por parte de cualificados sectores agrarios, que amenazan incluso con plantear una batalla legal similar a la ocurrida en su día con la Ley de Reforma Agraria. El pleno del Consejo Consultivo de Andalucía, órgano de la Administración autonómica que vela por el cumplimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, emitirá su dictamen sobre el Anteproyecto de la Ley de Aguas de Andalucía el próximo 16 de septiembre, informa Europa Press.

Sectores agrarios señalan que pueden plantear una batalla legal

El recorte de las concesiones y las aguas privadas son grandes escollos

Teniendo en cuenta que el sector agrario acapara más del 80% de los usos del agua, la cuestión no es baladí. La guerra del agua amenaza, pues, la última gran reforma que la Junta tiene pendiente en el campo andaluz. Y a tenor de las exigencias hechas públicas por la patronal agraria Asaja, con el apoyo de la principal organización de regantes, Feragua, y también del PP, se desprende que detrás de todo subyace el temor a la pérdida de privilegios históricos que los grandes tenedores de tierra han tenido con relación al agua.

La limitación del periodo de las concesiones de aprovechamientos de aguas invernales, el catálogo de aguas privadas o la nueva prelación que se le quiere dar a los diferentes usos del agua son tres de los principales escollos en los que sustentan su oposición los sectores que han pedido a la Junta que frene el proyecto de ley. Asaja esgrime, por un lado, que se vulnera el principio de igualdad al limitar las concesiones de aprovechamientos de aguas a 20 años, frente a los 75 años como máximo que establece la ley estatal de 1985. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -la cuenca que acapara más del 76% de la superficie de regadío en Andalucía- lleva más de una década otorgando las concesiones por un máximo de 20 años amparándose en el Plan Hidrológico del Guadalquivir aprobado en 1998. No obstante, la nueva ley respetará los plazos de vigencia de las concesiones antiguas otorgadas hasta un máximo de 75 años.

Otra cuestión polémica son los pozos de aguas privadas. Asaja considera que el artículo 51 de la ley los pone en peligro por la "enorme rigidez" en la regulación de los mismos, en especial, en lo que respecta a superficies, anchura, profundidad, situación del pozo y uso del agua, lo que supone, desde su criterio, "la conversión de tierras de regadío en secano con la consiguiente pérdida de empleo y riqueza". Pero el texto de la norma andaluza se apoya en la ley estatal de 1985 que considera a las aguas subterráneas de dominio público, aunque sin concretar las características sobre las que deben regirse los pozos privados.

No menos controversia ha suscitado la nueva prelación de prioridades que se le quiere dar a los usos del agua. A través del llamado banco público de aguas la ley establece la transferencia de derechos para que los excedentes de agua en determinados cultivos se puedan poner al servicio de otros sectores productivos. En la actualidad, el orden de prioridades que se establece no atiende los usos industriales hasta el quinto escalón, por detrás del abastecimiento a la población, el caudal mínimo ambiental, los regadíos y la hidroelectricidad. Ahora se quiere eliminar esa discrecionalidad y modificar el orden de jerarquías para primar los usos industriales a partir de parámetros de mayor creación de riqueza o generación de empleo.

Se piensa, sobre todo, en los proyectos de energías renovables o las plantas termosolares para la producción de energía. Cada planta de 50 megavatios necesita un hectómetro cúbico de agua para la refrigeración de sus turbinas, pero la rentabilidad de estas plantas es altísima, además de producir energía limpia, en consonancia con las exigencias de la directiva comunitaria sobre medio ambiente. Ahora mismo, hay sobre la mesa una treintena de proyectos de plantas termosolares que no se pueden atender por falta de agua.