La Comunidad da más de dos millones a una ONG bajo sospecha

La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Inmigración, sigue reservando cada año una parte muy cuantiosa de sus subvenciones a la Fundación Iberoamérica Europa (antes conocida como Cipie). Una asociación investigada por la Oficina de Lucha Europea contra el Fraude (OLAF) desde 2007, que todavía no ha hecho pública ninguna conclusión. Bruselas indaga a esta ONG por malversar, presuntamente, las ayudas usándolas para los gastos privados de su presidente, Pablo Izquierdo, antiguo jefe de prensa de José María Aznar e incluso portavoz de los populares sobre cooperación en el Congreso de los Diputados (ocupó un escaño entre 1994 y 2004). La UE abrió la investigación a raíz de una denuncia privada. También audita esta ONG la Intervención General del Estado, aunque ese control es el rutinario que se efectúa sobre cualquier ayuda pública, precisan desde este organismo.

El presidente de la fundación fue jefe de prensa de José María Aznar

La Comunidad Valenciana canceló las ayudas a la asociación

Desde 2005 Cipie está en los primeros lugares de las subvenciones regionales para cooperación. Un trato muy favorable que comparte con IUVE, gestionada por Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria, muy cercana a los Legionarios de Cristo. O con Humanismo y Democracia, otra asociación próxima a los populares de la que fue presidenta de su patronato Concepción Dancausa, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

En noviembre de 2008 el Gobierno regional aprobó una ayuda de más de un millón de euros para Cipie. Esa subvención fue la última antes de la marcha del viceconsejero Carlos Clemente, imputado en el caso Gürtel, para trabajar en la Fundación Alas, amadrinada por la cantante colombiana Shakira, representada por el ex ministro de Justicia José María Michavila.

En concreto, las partidas en las que figura la asociación que preside Izquierdo son para "el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de los sectores más desfavorecidos de Bolivia", por la que se les otorgan 750.014 euros; "el fortalecimiento de las instituciones del sector empresarial, de líderes sociales y jóvenes periodistas en Venezuela", con una dotación de 150.000 euros; y para un programa "de investigación y sensibilización en valores democráticos". A eso hay que añadir el dinero que Cipie obtiene por gestionar tres centros de inmigrantes (1.600.000 euros en dos años).

Desde la consejería se insiste en que todos los concursos son públicos y cada paso administrativo que se da está medido. "Cada subvención que se otorga se hace con un criterio transparente", insiste una portavoz, que clarifica que la vaguedad de los enunciados de los programas no se corresponden con la documentación que la fundación entrega, que "es muy detallada". También se precisa que cada euro recibido debe justificarse con "absoluto rigor y las facturas en regla".

La denuncia que llegó hasta Bruselas se debió a una acusación de varios trabajadores de la fundación. El motivo fue la supuesta manipulación de las facturas por parte de Pablo Izquierdo para justificar el gasto de casi un millón de euros provenientes de la UE y cuyo destino debía haber sido un proyecto de cooperación en El Salvador. "Aquello era muy común y vinieron muchos inspectores a llevarse papeles y revisar las cuentas", recuerda uno de los denunciantes. La Comisión Europea sólo investiga el uso de los fondos que provienen de sus arcas. De ese modo, las ayudas de Inmigración que no sean parte de un programa europeo no son fiscalizadas por la OLAF.

Carlos Lamadrid, portavoz de Cipie, explicó hace unos meses a este periódico que su fundación se dedica a la cooperación desde hace años y tiene una sólida reputación. Ayer no fue posible contactar con la ONG.

Esa definición que da Lamadrid es muy semejante a que la se da en su página de Internet: "La Fundación Iberoamérica Europa lleva cerca de 30 años impulsando, con sus actividades y proyectos, los procesos de integración y desarrollo económico, político y cultural en el mundo".

En Valencia, comunidad gobernada por el PP y en la que esta fundación percibía con regularidad subvenciones, pasaron de recibir 650.000 euros en 2007 para dos proyectos en Perú a desaparecer de la relación de favorecidos en 2008.

Las noticias que relacionan a Cipie con irregularidades o tratos de favor con administraciones del PP se remontan a 2004, cuando Ana Botella, desde la Concejalía de Empleo, otorgó 300.000 euros a Cipie, cuando había sido vicepresidenta (desde 1994 a 1996) de la fundación.