Jerez quiere prejubilar al 10% de la plantilla y bajar salarios

El Ayuntamiento de Jerez (206.000 habitantes) ha diseñado un plan de saneamiento para reducir su deuda con bancos y proveedores de 443 millones de euros. Tras la ineficacia de varias iniciativas de austeridad, el gobierno local (PSOE) prepara recortes drásticos. Así, negocia con los sindicatos un plan de prejubilaciones que puede afectar al 10% de la plantilla y recortes salariales en gobierno, oposición, asesores y altos cargos.

El nuevo plan de viabilidad de Jerez, la quinta ciudad más poblada de Andalucía, contempla un total de siete medidas a aplicar en seis años. La empresa externa que asesora al gobierno prevé un ahorro de 17 millones de euros en el primer trienio. El Ayuntamiento garantiza que "en ningún caso habrá despidos traumáticos".

Las inversiones se limitarán a las cofinanciadas con otras instituciones

Para pagar la deuda, el ayuntamiento no puede endeudarse más, sino ahorrar. Éste es el criterio que ha seguido el gobierno de Jerez, presidido por la socialista Pilar Sánchez, quien pretende acordar el plan con los sindicatos y la oposición.

Después de varios intentos fallidos, la alcaldesa no ha tenido más remedio que planear medidas contundentes para afrontar la enorme deuda municipal, que dificulta la gestión municipal máiculta la gestión municipal más básica y hasta el pago de las nóminas, que suponen 111 millones de euros anuales, una cantidad que supera a sus ingresos.

La primera medida es un plan de prejubilaciones que afectará a unos 220 trabajadores de más de 60 años, el 10% de la plantilla. A esta iniciativa se le añade una reducción de sueldos para más de un centenar de personas, entre políticos, asesores, cargos de confianza y altos cargos que perciban más de 55.000 euros anuales. El recorte salarial será progresivo en función de las retribuciones y oscilará, en principio, entre un 5% y un 10%.

En el capítulo de personal de la administración jerezana hay tela que cortar. Los sindicatos ya han pedido que se anulen horas extras o productividades de hasta 3.000 euros mensuales que siguen cobrando cargos de confianza nombrados por la ex alcaldesa María José García Pelayo (PP) o por el andalucista Pedro Pacheco, quien ocupara el sillón consistorial entre 1979 y 2003. Durante los tres meses de negociación, el gobierno, casi con total probabilidad, anunciará más medidas, como la disminución de asesores de alcaldía, exigida tanto por la oposición como por propios ediles socialistas; o la marcha voluntaria de trabajadores, que percibirían una determinada cantidad por año trabajado. Sólo con las prejubilaciones y las bajadas de sueldos, el ayuntamiento ahorrará en los tres primeros años ocho millones de euros. Para llegar a los 17 millones anunciados el concejo va a reducir o suprimir los servicios voluntarios, que asume a pesar de que competen a otras administraciones. También se va a reestructurar las empresas municipales y reducir el coste que transfiere a las concesionarias, a las que debe cantidades millonarias (30 millones a la empresa de los autobuses urbanos y 50 millones a la de limpieza).

El plan culmina con un anuncio de la reestructuración las tasas municipales y los precios públicos. Las tarifas que pague el ciudadano se ajustarán al coste del servicio. Esta medida excluye a los impuestos directos, que no subirán por encima del IPC.