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El Gobierno negocia con PP y CiU el fondo bancario

El poder de veto de las autonomías separa a los dos grupos

El Gobierno negocia con los grupos parlamentarios los posibles apoyos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Como en ocasiones anteriores, el tira y afloja es complejo porque las posiciones de unos, el Partido Popular (PP), son contrapuestas a las de otros, Convergència i Unió (CiU).

Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP, que mantuvo ayer un encuentro en el Congreso con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, defiende que el poder de decisión esté en el Banco de España. Montoro considera que, dado que el Gobierno se ha negado a incluir una reforma de la Ley de Cajas en el FROB, debe ser el supervisor el que tenga posibilidades de organizar las fusiones, por encima del poder de veto de las comunidades autónomas. El PP quiere evitar las fusiones regionales que considera "un problema financiero de primera magnitud" porque se concentraría el riesgo inmobiliario y habría duplicidad de oficinas.

Montoro quiere evitar las fusiones regionales porque duplican las oficinas

El Banco de España ha inspeccionado los inmuebles y los créditos del sector

Precisamente la presión que ejerce el PP sobre el Gobierno inquieta a los nacionalistas catalanes, que consideran "sagradas" las competencias de la Generalitat y que no darán el sí al FROB "hasta poder leer a fondo la letra pequeña de cómo quedan las cosas en cada escenario. Entendemos que el Gobierno catalán tiene la última palabra sobre las fusiones y absorciones de cajas", señala Josep Sánchez Llibre desde CiU, informa Ariadna Trillas. El portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, mantiene conversaciones con Salgado sobre esta cuestión. No es la única que preocupa a la federación, que considera excesivamente corto un plazo de cinco años para resolver la situación de una entidad en apuros. CiU intenta ampliar ese plazo de siete a 10 años.

Esquerra Republicana no dará su apoyo al fondo. "No queremos ningún tipo de recorte en las competencias autonómicas y la capacidad de veto", recalcó ayer Joan Tardà, el diputado de ERC en el Congreso, informa Amanda Mars. "La propia CECA ha reconocido el buen modelo de cajas catalanas, así que no tenemos por qué pagar el pato de lo que ocurre en otras comunidades", agregó Tardà, en referencia a la batalla política en el seno de Caja Madrid.

Hasta este momento, sólo Coalición Canaria ha declarado su posición a favor del texto, mientras que fuentes del PNV explicaron que "a primera vista, el contenido del borrador parece interesante". IU argumentó que su grupo tiene reservas sobre el texto, por lo que no quiso comentar si dará el "sí" al Ejecutivo en ese asunto.

Comisiones Obreras y UGT advirtieron de que la emisión de cuotas participativas con derechos políticos en las cajas de ahorro supondría la desaparición de las mismas o su conversión en sociedades anónimas. Ambos sindicatos criticaron la posible entrada de inversores privados en estas entidades financieras.

Por otro lado, el objetivo de las inspecciones del Banco de España marca dónde están los puntos débiles del sistema financiero. Según la Memoria de Supervisión del organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, las visitas de la inspección "han llevado a una revisión profunda de las carteras de créditos e inmuebles adjudicados".

No es de extrañar la preocupación, porque el sector financiero, hasta el momento, se ha adjudicado inmuebles por 10.000 millones. Otro de los aspectos que ha sido objeto de especial atención es el análisis y la evaluación del riesgo de liquidez, de los sistemas de medición y control de riesgos, la capacidad de generar resultados y la solvencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de junio de 2009