El juez anula el proceso por presunta corrupción urbanística en Mugardos

El juez ha declarado la "radical nulidad de todo lo actuado" en el caso Virgin, que investigaba una presunta trama de corrupción urbanística con epicentro en el municipio de Mugardos, que destapó en diciembre del 2007 la Guardia Civil. Esta red, en la que se relacionaban tres arquitectos, cuatro constructores, un policía local, la aparejadora del municipio, el director de un banco, y el alcalde nacionalista, Xosé Fernández Barcia, actuaba, supuestamente, desviando obras desde el departamento de Urbanismo a un estudio de arquitectura en Fene, donde trabajaban tres de las 11 personas vinculadas a la trama.

En el auto al que ha accedido este periódico, el juez de primera instancia Pablo García Suárez no cuestiona la necesidad de investigar los hechos, pero estima que los pinchazos telefónicos se autorizaron en base a "meras sospechas y no a indicios de delito".

Un policía local, arquitectos y un director de banco, entre los encausados

Las detenciones fueron "del todo desproporcionadas", dice el juez

Considera, por tanto, que se conculcaron los derechos fundamentales que preservan la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones y anula el auto judicial del 15 de junio de 2007 que autorizaba las tres primeras escuchas, que fueron el germen de la investigación. Seis meses después, el proceso derivó en la detención de cuatro personas y en la imputación de otras cinco.

En la práctica, esta resolución judicial -que no es firme- invalida como pruebas las escuchas telefónicas en las que se sustentaba la acusación de la Fiscalía y de Izquierda Unida como acusación popular. También deja sin efecto las pruebas que, posteriormente, se pudieron obtener en los registros domiciliarios que se practicaron en casa de la aparejadora, en el estudio de arquitectura Xcale y en la inmobiliaria mugardesa Xesvén.

En círculos jurídicos, esta doctrina se conoce como "los frutos del árbol envenenado" y se traduce en que si el proceso estuvo viciado en su inicio, las acciones derivadas también quedan invalidadas.

El juez ferrolano sostiene que las escuchas practicadas a los hermanos Pedro y Julia Cortizas y a la funcionaria Carmen Piñeiro restringían "de forma desproporcionada e innecesaria" sus derechos constitucionales. Por otra parte, cuestiona la falta de rigor de la Fiscalía en la querella, que define como "confusa enumeración de hechos".

El llamado caso Virgin se destapó en Mugardos el 3 de diciembre de 2007 con el estreno mediático de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, mientras la fiebre del ladrillo daba sus últimos coletazos. La investigación arrancó en mayo con el ojo puesto en el estudio de arquitectura de Fene en el que trabajaban los hermanos Cortizas y en sus relaciones con Carmen Piñeiro, que estaba en el departamento de Urbanismo del ayuntamiento mugardés.

Las escuchas telefónicas se fueron ampliando sucesivamente hasta llegar al alcalde, que inicialmente no estaba siendo investigado. En diciembre, los tres fueron detenidos junto con el policía local Ovidio Torrente. Permanecieron más de dos días en el calabozo. Mientras, la lista de imputados en la trama Virgin crecía al ritmo que los posibles delitos: prevaricación, tráfico de influencias, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y cohecho. El caso salpicó al regidor de Mugardos, Fernández Barcia, del BNG, que llegó a declarar como imputado. Fuentes próximas al caso califican el proceso como una "auténtica chapuza" y aseguran que las detenciones fueron "del todo desproporcionadas".

El propio juez Pablo García Suárez señala que existen "medios menos gravosos para la investigación" y critica la "falta de concreción de los hechos que se les imputaron a las personas investigadas".