Seis textiles en crisis recibieron avales y créditos de la Xunta por 50 millones

El ex conselleiro de Economía, Ramón Fernández Antonio, estaba convencido de que la moda gallega es uno de esos sectores a los que no se les puede dejar caer en esta crisis. No se refería a Inditex. El poder sanador de préstamos y avales de la Xunta serían una tirita para el grupo de Zara si algún día llega a necesitarlos. Hablaba del textil-moda, un negocio salpicado de pymes que basan su apuesta comercial en el diseño y son capaces de mantener un más que aceptable nivel de ventas en el exterior. Es decir, no se asustan de la globalización, se aprovechan de ella.

Pero como a todas, la crisis también les llegó en forma de serios estrangulamientos financieros. Ahí estaba el brazo inversor de la consellería de Economía, el Igape, para acudir en su ayuda con avales, subvenciones, préstamos ordinarios y participativos o tomas de capital. Entre 2006 y 2008, Caramelo, Montoto, Toypes, Roberto Verino, Kina Fernández, Lanera y Charoa (las dos últimas pequeñas industrias) recibieron a través de esos instrumentos respaldo por valor de 50 millones de euros.

La ayuda pública para empresas en situación delicada se ampliará

"Vamos a tener que aplicar estrategias de innovación", señala la patronal

La mayoría se inyectaron en la empresa con nombre de golosina. Caramelo contó con 30,5 millones de euros desde el sector público. Un dinero para evitar que la crisis podase su crecimiento y su plantilla. El apoyo fue decidido, y la Xunta terminó entrando en el capital de la textil. Pero las cosas se torcieron, no sólo para la firma que controla el empresario Manuel Jove a través de Inveravante. Otro fuego comenzó a prender en el Sur, donde Géneros de Punto Montoto, de Lalín, presentaba concurso de acreedores y planteaba un despido colectivo para ochenta empleados. Eso sucedió a pesar de que con dinero público se compró el 10% del capital con la entrada de Xesgalicia.

La historia de empresas que no han sabido adaptarse clava casos como los de Vecino, en A Coruña, en los años noventa, o Vicente Romeo, que suspendió pagos también en la capital herculina una década después. A través de Sodiga y Xesgalicia, el sector público llegó a tomar hasta el 30% y el 22% del capital de ambas empresas.

En el último año el patrón de la moda gallega dictado desde las oficinas del Igape, -que evita cualquier valoración sobre la situación y declina facilitar datos alegando que "se trata de ayudas a empresas privadas, que son sociedades anónimas"-, ha marcado la trayectoria de otras compañías como Volvoreta, que gestiona la marca Kina Fernández; Grupo Lanera de Galicia o Toypes. Ésta última ha presentado un ERE para 64 trabajadores tras haber recibido 1,1 millones de euros en avales desde Santiago.

Roberto Verino no ha salido tan dañado del inicio de la crisis económica, pero necesita llevar a cabo un plan de reestructuración, que incluye el cierre de tiendas, si no quiere que lo arrastre la ola. El Igape también le echó una mano facilitándole un aval por importe de 11,5 millones de euros para refinanciar una deuda de 16,5 millones. Lo mismo solicitó Lanera, que obtuvo un aval de 4,2 millones el año pasado. Charoa, cuya dimensión dista mucho de la que pueden tener Caramelo o Toypes, está participada por la Xunta. No se sabe en qué medida, porque el Igape, de nuevo, se niega a facilitar esos datos.

La política de concesión de préstamos participativos, como los que han obtenido algunas empresas, pueden llegar debilitar la propia actuación de la Administración. Estos préstamos son susceptibles de convertirse en capital, es decir, en acciones, si la empresa no los devuelve y se declara insolvente. En esa situación está Caramelo, pero no es la única, porque este tipo de créditos también los ha recibido la firma de la diseñadora Kina Fernández.

En otro plano, la administración ha otorgado desde 2008 subvenciones directas para inversiones o planes de expansión en el exterior a la empresa del diseñador lalinense Florentino Cacheda, a Pili Carrera, de moda infantil, Umbro, Confecciones Guerral o Pull and Bear. Esta última, del grupo Inditex, recibió 2,3 millones de euros para ampliar su sede en Narón.

Este año la ayuda pública para empresas en situación delicada se amplía. En los presupuestos del Igape figura una partida de gasto de 14 millones de euros sólo para el fondo Adiante, que se orienta a empresas ya existentes "que puedan estar necesitadas de apoyo financiero y de gestión, para salvar una situación temporal de dificultades o para evitar que puedan llegar a encontrarse en ella". Otro tipo de fondo, como Emprende, orientado a proyectos de futuro, ambiciosos e innovadores, tiene un presupuesto mucho menor. Lo mismo le ocurre a otros instrumentos gestionados desde el Igape, como Sodiga o Inesga.

Es precisamente Adiante el que canaliza gran parte de los préstamos participativos concedidos al sector textil. Su objeto social es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras. Según sus condiciones, el porcentaje de implicación del fondo en el capital de la empresa puede llegar al 45%. La coletilla de viabilidad de los proyectos en los que participa pone de relieve que sólo opera en "empresas que tendrán que ser viables técnica, comercial y financieramente". Algo que, como la propia industria textil reconoce, cuesta cada vez más.

"Vamos a tener que aplicar estrategias para el posicionamiento de las marcas, la internacionalización y la innovación. Todo eso va a ser determinante para nuestra competitividad", señalan desde la Asociación Textil de Galicia (Atexga). La liberalización del mercado textil europeo iniciada en 1995 con el Acuerdo sobre Textiles que culminó el año pasado, está pasando factura. "Este nuevo escenario conlleva sustanciales transformaciones en el ámbito laboral. Reserva a los países industrializados las actividades de más valor añadido, como el diseño o el control de calidad, mientras países en vías de desarrollo concentran las actividades más intensivas en mano de obra".

La propia patronal del vestido reconoce que la situación puede llevar a la industria a adoptar "medidas que afectan al empleo y que generan una lógica alarma". Una preocupación que pesa sobre las 1.497 empresas del sector en Galicia que generan 16.233 puestos de trabajo directos.

Pero también se ven brotes verdes. Según un estudio de la Zona Franca de Vigo, el valor añadido que genera el sector crece por encima de la media española. Iniciativas como Texvigo, la ciudad tecnológica del textil, son apuestas que podrían darle la razón al ex conselleiro.