La guerra sucia del PP

El 19 de febrero trascendió que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, era uno de los supuestos implicados en la trama corrupta vinculada al PP y dirigida por el empresario Francisco Correa. La noticia removió los cimientos del PP valenciano. Sólo 24 horas después, los populares de Alaquàs, Ayuntamiento gobernado por el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, pasaban por el registro de entrada municipal 130 preguntas de golpe solicitando información sobre los gastos e inversiones del Consistorio. Si esto sucedía en Alaquàs, en otros ayuntamientos gobernados también por socialistas como los de Gandia, Morella, Onda y desde luego Elche, los populares solicitaron la apertura de comisiones de investigación con el objetivo de que se esclarecieran asuntos en torno a la gestión del equipo de gobierno. Los socialistas las han rechazado.

"En la sede del PP tienen un habitación con fotos y datos míos"

Los populares lanzan dudas sobre un negocio familiar del líder del PSPV

El PSPV denuncia una campaña contra Alarte para "tapar" el 'caso Gürtel'

El PP ha pedido que se investigue a ayuntamientos socialistas

La operación Gürtel, impulsada a principios de febrero por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que a estas alturas implica a altos cargos del PP valenciano, entre ellos al propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, abrió una etapa "de boicot y persecución", denuncian los socialistas, contra la gestión del secretario general del PSPV-PSOE, implicando incluso a sus familiares, y contra otros dirigentes socialistas, como es el caso del alcalde de Alfafar, Emilio Muñoz. El único objetivo de "esta campaña", opinan en Blanquerías, sede del PSPV-PSOE, es "tapar" que la primera autoridad de la Generalitat Valenciana estaba siendo investigado por el juez Baltasar Garzón.

En el caso del Consistorio de Alaquàs, donde Alarte gobierna desde hace 10 años, los populares cuestionaron la contratación por parte del Ayuntamiento de una abogada que se dedica desde el año 2000 a la defensa jurídica gratuita de las mujeres víctimas del maltrato. El PP, citando informaciones aparecidas en un medio de comunicación, solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que investigase este contrato por "si se hubieran cometido supuestas irregularidades" en el procedimiento. Las informaciones mencionadas por el PP cuestionaban el servicio por dos motivos: porque la abogada había trabajado con la empresa del padre de Alarte y porque la acumulación de casos en su bufete suponía una competencia desleal para otros abogados del turno de oficio de Torrent.

Sobre lo primero, fue el propio Alarte quien negó que esta abogada fuera la responsable jurídica de la empresa familiar, y sobre lo segundo los socialistas presentaron un antiguo escrito del Colegio de Abogados, de hace años, que daba por correcta la contratación del servicio. Para demostrar que todo ello no era más que una campaña de persecución contra el dirigente socialista, desde el gobierno de Alaquàs aseguraron que fue un concejal del PP de Alaquàs el que dos meses antes en la mesa de contratación municipal dio por buena la renovación de los servicios de la abogada. Y añadieron otro detalle: la concejal del PP Leonor González es también del turno de oficio de Torrent y tiene intereses directos en los casos de defensa de violencia de género.

El segundo caso que el PP ha lanzado contra Alarte tiene que ver con la empresa de su familia, Automóviles Santos. Los populares, de nuevo a partir de informaciones publicadas por otro medio de comunicación, han cuestionado la adjudicación del servicio de grúa del Ayuntamiento de Alfafar, que gobierna el socialista Emilio Muñoz, a la firma de la familia Alarte. El PP habla de "supuesto amiguismo" en la contratación e insiste en que de las dos ofertas presentadas el gobierno municipal eligió la más cara al adjudicar a Automóviles Santos. De nuevo fue Jorge Alarte el que salió a la palestra a defender la honorabilidad de su familia y la gestión del Ayuntamiento de Alfafar, a la vez que denunció una operación de acoso y derribo contra él y su entorno. "Me cuentan que en la sede del PP tienen una habitación con fotos y datos míos y de mi familia, de mi entorno, para investigarlos", dijo entonces visiblemente contrariado. "No van a encontrar nada", replicó.

Ese mismo día, los socialistas de Alfafar explicaron que Automóviles Santos ya prestaba ese servicio en Alfafar antes de que Emilio Muñoz fuera alcalde y añadieron que la otra oferta presentada para el servicio de grúas carecía de experiencia y era sólo ciento y pico euros más barata. Además, subrayaron que la empresa de los Alarte -de la que el secretario general no es ni socio ni tiene relación- gestiona también este servicio en otros Ayuntamientos, como los de Catarrosa, Massanassa o Riba-roja, algunos gobernados por el PP.

Fue entonces cuando Alarte no tuvo ningún empacho en acusar al presidente Francisco Camps de actuar al más puro estilo mafioso. ¿Por qué? "Porque cuando alguien quiere algo de ti, coloca a tu familia de por medio para conseguirlo. Eso es muy característico de la mafia", explican fuentes de Blanquerías. El PP no atendió las llamadas de este diario para recabar su opinión sobre todos estos acontecimientos.