Justicia entrega tres meses después un plan para recuperarse de la huelga
Numerosos órganos judiciales carecen de medidas para sacar el trabajo atrasado
Las montañas de folios del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige Baltasar Garzón, no caben en las mesas ni en las estanterías. La hiperactividad del juez hace que esto sea frecuente. Pero quienes trabajan allí aseguran que la huelga de 61 días de los funcionarios de Justicia, en febrero, marzo y abril, puso unos cuantos kilos más de papel en el suelo. Han pasado tres meses desde el fin de los paros y, en ése y otros órganos judiciales de similar importancia, acaban de llegar los planes del Ministerio de Justicia para recuperar el trabajo acumulado.
El ministerio aduce que ha sido complicado cuadrar los horarios laborales
Muchos funcionarios afirman que han organizado el trabajo por su cuenta
Sucede lo mismo en 11 órganos centrales (incluidos varios de la Audiencia Nacional), 25 fiscalías y casi un centenar de juzgados de las siete comunidades donde la Administración de Justicia no está transferida (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Asturias, La Rioja y Murcia), así como de Ceuta y Melilla.
El ministerio, tras aceptar una subida de sueldo a los funcionarios de 190 euros mensuales, pactó con los sindicatos unos planes de actuación en cuatro tramos. El primero, el de las oficinas teóricamente más saturadas, se puso en marcha un mes después de finalizar los paros. El segundo comenzó el pasado viernes y el tercero se inicia hoy. La idea, según manifestó el ministro Mariano Fernández Bermejo cuando se acordó el fin de la huelga, era "reestablecer el servicio público lo antes posible". Más de tres meses después no se habían puesto en marcha las horas extra en decenas de órganos.
Hay un cuarto tramo. El de aquellos centros donde no habrá planes de actuación, muchos de ellos a pesar de haber padecido el paro de un alto porcentaje de funcionarios. Ocho órganos centrales, 16 fiscalías y más de 150 juzgados están en este tramo.
Una portavoz del ministerio explica el porqué de los distintos plazos: "El primer tramo se puso en marcha en los lugares más afectados poco después de la negociación con los sindicatos porque en él trabajaban todos los funcionarios de cada órgano. En los otros dos sólo se incorporaban el 75% y el 50% de las plantillas, respectivamente, y ha sido complicado cuadrar los horarios". ¿Y por qué hay órganos afectados por la huelga donde no habrá un trabajo extraordinario? "Porque a pesar del seguimiento del paro, no se produjo retraso", explica la portavoz.
No hay más que ir a algunos de estos lugares para que los funcionarios den una versión totalmente opuesta: "Aquí estuvimos casi todos en huelga dos meses. Y dicen que no se ha acumulado trabajo. Entonces este órgano no sirve para nada, ¿no?, si puede estar más de 60 días sin funcionar...", ironiza una trabajadora del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que lleva casos como el de las herriko tabernas o el del 11-M.
Más de una decena de funcionarios consultados reconocen que los servicios mínimos sirvieron para sacar adelante los temas más importantes, "como los de terrorismo". Pero muchos otros, "de estafas o notificaciones a afectados del 11-M, se están retrasando mucho", indican. "Y aunque los juicios señalados durante la huelga se celebraron, en esos dos meses no hubo nuevos señalamientos y ahora se empezará a notar el colapso. Eso en el ministerio lo saben, pero no ponen planes para paliarlo", se quejan varios funcionarios de la Audiencia Nacional cuyos órganos no tendrán servicios especiales.
Pero en muchos de esos centros el trabajo se acumuló. "Y todo lo que hemos sacado adelante lo hemos hecho por nuestra cuenta y riesgo, sin planificación ni remuneración extraordinaria", lamentan.
El sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, Comisiones Obreras, denuncia la "tardanza y la mala gestión de los planes de recuperación". Javier Hernández, su portavoz, explica que "el ministerio no siempre ha actuado en los lugares más saturados". "Hay órganos donde no hubo apenas huelga y se han puesto en marcha actuaciones especiales y otros donde sí se secundó y no los tienen. Da la impresión de que se quiere castigar a los huelguistas", dice.
El tramo de los 'privilegiados'
Los planes que llegaron primero avanzan a buen ritmo. Eso es al menos lo que asegura el Ministerio de Justicia, algo ratificado por sindicatos y trabajadores consultados. Son los de los órganos más afectados por la huelga, en los cuales los funcionarios comenzaron a hacer horas extra en mayo. La previsión era que las actuaciones especiales durasen tres meses, que se podrían prorrogar en los casos necesarios. Han pasado dos desde que se pusieron en marcha y una portavoz de Justicia asegura que en algunos órganos ya está todo prácticamente al día. En esto último ya no están tan de acuerdo los sindicatos.
Ciudad Real, una de las provincias más afectadas por la huelga, es un ejemplo de lo descrito. Manuel Román, funcionario de un juzgado de lo Social, explica que lo primero ha sido poner en marcha lo más urgente. "Todos los trabajadores se implicaron, se pusieron a rendir a tope el mismo día que terminó la huelga. Se sacaron los temas más dolorosos a corto plazo, como desahucios, en lo social. Dimos prioridad también a los casos de despido. Había un cúmulo de demandas, eran muchas, pero se está consiguiendo activarlas. Otra tarea es coordinar las agendas de todos los juzgados, que muchas veces coinciden y están dando lugar a algunas cancelaciones. Es un tapón que se está quitando poco a poco", asegura.
Las primeras medidas de choque finalizarán el próximo 9 de septiembre, cuatro meses después de que se pusiera en marcha (uno más de lo previsto por las vacaciones de verano). Sólo se prorrogará en aquellos lugares donde el atasco producido por la huelga continúe. En Ciudad Real, Román calcula que no hará falta, aunque "quedarán resquicios de la huelga durante mucho tiempo".
Este plan de choque afecta, entre otros órganos, a 15 centrales, 21 fiscalías y más de 500 juzgados repartidos por las provincias castigadas por la huelga.
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