Viudas de luto judicial

A Andrezj Lewandowski se le vino encima una viga de cinco toneladas. Murió en 2005. Gregorio Artecho se cayó por el hueco de un ascensor que aún no estaba instalado. Murió 16 metros más abajo. También en 2005. Eduardo, natural de Madrid, tuvo mala suerte, dicen los abogados de la constructora responsable. "Era su día", comentó el letrado frente a su viuda, Nuria Peña. Pisó un andamio mal sujeto, que no cumplía las normas de seguridad y que se levantó en vertical hacia él. Cayó de cabeza y entró en coma. Murió dos días después. Corría agosto de 2005.

"Las compañías compran impunidad a cambio de dinero", dice un abogado

Ninguna de las tres muertes ha tenido consecuencias judiciales todavía

El caso de la muerte de Andrezj está parado por la baja de un funcionario

María vive ilegalmente en España a la espera de la sentencia

Todos estaban en la cuarentena. Los tres con sus papeles en regla. Todos en el gremio de la construcción. Ninguna de las tres muertes ha tenido consecuencias judiciales todavía. Sus tres viudas llevan tres años de litigios. Y lo que les queda. La media es de cuatro años. "Más bien tirando a seis", puntualiza el ex fiscal de delitos laborales Pedro Martínez.

Una, Mariola, espera en Poznan, Polonia. Otra, María, ha tenido que venir a Madrid desde Lima, Perú. Las dos dependían económicamente de sus maridos. La tercera, Nuria, tiene dos hijos de 18 y 9 años y regenta un supermercado en Carabaña, al sureste de la región. "El trabajo me ha servido para no volverme loca". Desde mayo de 2007 han fallecido 59 personas en accidentes laborales en la Comunidad. El último, el pasado jueves.

El caso de Andrezj está parado desde hace dos años. El funcionario que lo gestionaba está de baja. Nunca se le suplió. La viuda, Mariola, no sabe nada. De hecho, cree que el caso ha prescrito y no le corresponde ninguna indemnización. "Nadie se acuerda de mí, no he recibido ninguna comunicación desde hace años", se lamenta vía telefónica desde Poznan, donde vive y trabaja con sus dos hijos.

María Consorcio lleva un sobre marrón con las diligencias del caso de su marido. María se enteró el 31 de diciembre de 2005 de que Gregorio había muerto. Lloró mucho. Después, aterrizó en Madrid para recoger el cadáver. A los pocos meses, en vista de que el proceso estaba paralizado, regresó a la capital con un visado de turista y la intención de quedarse hasta que se resolviese el juicio. Desde entonces, María vive en una habitación en Carabanchel, "sin conocer a nadie" y trabajando los siete días de la semana para mantener a sus cinco hijos. "Voy del cuartito al trabajo y del trabajo al cuartito", explica reprimiendo las lágrimas. El pasado mes de agosto la policía la detuvo cuando salía por la boca del metro de Oporto. "Me dijeron que estaba ilegal y que debía marcharme. Pero yo no me voy hasta que se haga justicia. Al día siguiente me voy tan a gusto con mis niños".

Según su abogado, Antonio García, de Comisiones Obreras, no hay grandes expectativas de que eso suceda a corto plazo. "Se necesitaría una fiscalía especial para estos casos", reclama García, rodeado de una pila de archivadores de cartón que coinciden en número con el de todos los accidentes laborales graves de la región: su sindicato se presenta como acusación particular en todos y cada uno de ellos. García cree que hay tres grandes problemas que atañen a los procesos judiciales por riesgos laborales: el tiempo que se tarda en fallar, la dispersión "y peregrinaje" entre jurisdicciones (social, civil y penal) y "la cicatería en la cuantía de las indemnizaciones". Los baremos de las indemnizaciones están unificados con los de los accidentes de tráfico.

Pero para la mayoría de los recursos en estos procesos, el problema no es la cuantía, sino que no acaban nunca. "La media es de cuatro años", calcula Marisa Rufino, de UGT. Y las pensiones, "irrisorias", según la propia Rufino. Esas pensiones se calculan sobre la base reguladora del sueldo del trabajador, aunque por las particularidades se le suma un punto más de lo habitual, según explican fuentes de la Seguridad Social.

Nuria, vestida con su bata azul, lamenta que aunque el informe sobre el accidente de su marido "documenta todo tipo de negligencias", aún no se sabe nada. Las aseguradoras recurren y recurren. Ellas tienen tiempo. Sin embargo, la distorsión parte de los propios contratos de este tipo de trabajadores. La mayoría tienen "una base ridícula", según definición de la misma fuente, y el resto lo cobran todo en complementos.

"Cobraba mucha parte en negro", concede Mariola Lewandowska sobre su marido. Por eso, a ella le ha quedado una pensión de 400 euros y otra de orfandad que no supera los 150. A María le dan una cifra semejante por orfandad y algo más de pensión, cerca de 700 euros.

Una larga lista de viudas, huérfanos o padres de personas fallecidas encallan en una legislación tan lenta que, en muchas ocasiones, se pactan las indemnizaciones por no aguantar más. Las aseguradoras son las que negocian. El empresario, salvo cuando el proceso va por la vía penal, apenas se entera de nada y queda impune. "Es impunidad a cambio de dinero", resume García.