Mal día para la democracia británica

Cuando, el miércoles por la tarde, los miembros de la Cámara de los Comunes aprobaron por estrecha mayoría ampliar el periodo de detención sin cargos de los sospechosos de terrorismo a 42 días, convirtieron esa fecha en un mal día para la libertad y la democracia en Gran Bretaña. Esta propuesta innecesaria e intransigente no debería haber llegado nunca tan lejos. El Gobierno de Gordon Brown no tendría que haberse empeñado en imponer esta votación, con una maniobra que ha mezclado la retórica rimbombante de la seguridad nacional con una operación de captación de votos digna de Tammany Hall [el aparato político del Partido Demócrata estadounidense que controló la vida de Nueva York durante el siglo XIX y la primera mitad del XX]. Fueran cuales fueran sus motivos -en algunos casos, incluso puede que fueran buenos-, la mayoría de los diputados laboristas incumplieron lo que el pueblo británico esperaba de ellos, igual que lo hicieron los nueve unionistas de Irlanda del Norte, cuyos votos fueron decisivos. La defensa de nuestras libertades no debería depender de los lores, a los que nadie ha elegido (lo más seguro es que la Cámara de los Lores remita de nuevo el proyecto a la Cámara con enmiendas, aunque, al final, no podrá evitar que se convierta en ley), los jueces (incluidos los de los tribunales europeos, que quizá dictaminen que es una ley inapropiada) y los periodistas.

Seamos claros, la libertad está amenazada en los países libres por los terroristas y por la sobrerreacción estatal

Es muy improbable que la norma de los 42 días se utilice alguna vez, salvo en casos reales de emergencia nacional

Seamos claros. Nuestras libertades -no sólo en Gran Bretaña, sino en todos los países libres- están amenazadas por dos lados. Están amenazadas por los terroristas, sobre todo los yihadistas takfiri, que aprovechan las nuevas tecnologías y la sociedad libre para matar, herir y aterrorizar a los inocentes. Y están en peligro por la reacción excesiva del Estado, que erosiona dichas libertades con la excusa de defendernos de la otra amenaza. Llevado al extremo, se acaba estrangulando la libertad para salvarla.

Tenemos que disponer de unas políticas equilibradas para defendernos ante ambos peligros. Ampliar el periodo de detención a 42 días altera ese equilibrio de forma desastrosa. Por eso es por lo que ningún otro país libre con un sistema legal comparable tiene nada parecido. Y como destaca el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa en su carta de advertencia, "estaría totalmente en disonancia con los plazos de detención correspondientes en otros países de Europa".

Los propios responsables antiterroristas de Gran Bretaña están divididos. Algunos están a favor, porque, si no, no habría existido la propuesta. Pero la opinión mayoritaria entre quienes están bien informados es que el Gobierno británico no ha sabido defender sus argumentos. La lista empieza con el actual director de la fiscalía pública, sir Ken MacDonald, que ha dicho tajantemente que con 28 días basta. Continúa con un antiguo lord canciller (Falconer), un antiguo fiscal general (Goldsmith), un ex primer ministro (Major), un ex presidente del Tribunal Supremo (Woolf) y muchos otros, entre ellos varios abogados de derechos humanos que advierten de que no tiene suficientes salvaguardias y puede infringir el convenio europeo de derechos humanos. Incluso quienes están a favor, como el antiguo jefe de la Policía Metropolitana John Stevens (hoy, lord), dicen que las investigaciones policiales sobre complejas tramas terroristas internacionales no necesitan esa ley en este momento; dicen que seguramente la necesitarán dentro de no mucho, por lo que es mejor que la policía tenga ese poder "en la reserva". Pero algunos altos funcionarios de policía han asegurado que sería contraproducente.

El mensaje que reciben los británicos de los ministros del Gobierno es tan simple como paternalista: "Confiad en nosotros, sabemos cosas que vosotros ignoráis". O, como aseguraba el Gobierno de Blair a propósito de Irak, "nuestros servicios de inteligencia nos dicen...". Respecto a los 42 días, nos hacen saber que los servicios de seguridad llevaban tiempo presionando para obtener esa prolongación. Ahora, el jefe del servicio de seguridad interior, MI5, ha asegurado en una declaración diplomática, pero inequívoca, que eso no es verdad. Es decir, que hemos vuelto a pillar a nuestros gobernantes adornando los documentos. ¿"Confiad en nosotros"? ¿Por qué vamos a hacerlo?

Mientras tanto, veamos las pruebas de las que disponemos hasta el momento para comprender qué significarían 42 días. El escritor y luchador político Anthony Barnett ha hecho parte de la investigación por nosotros en un excelente artículo que publicó hace poco en opendemocracy.net. En él deja claro que aproximadamente la mitad de los que han sido detenidos con arreglo a los límites existentes (7 días en virtud de la Ley de Terrorismo del año 2000, 14 días desde 2003, 8 días desde 2006), han acabado en libertad sin cargos. Sólo seis sospechosos permanecieron en la cárcel hasta cumplir los 28 días, y, de ellos, tres fueron acusados y tres quedaron en libertad sin cargos. La policía, presionada por el portavoz de Interior de la oposición conservadora, David Davis, reveló que a los que quedaron en libertad no se les sometió después a ningún tipo de control ni vigilancia. "Entonces, ¿eran inocentes?", preguntó Davis. Los representantes de la policía respondieron, según Barnett, "encogiéndose de hombros como en asentimiento".

Pensemos, por un momento, en la realidad humana que se esconde tras ese encogimiento de hombros. Aquí, en Gran Bretaña -no en el Chile de Pinochet ni en la Rusia de Stalin, sino en una tierra que algunos creíamos que era una de las más libres del mundo-, se detiene a un hombre o a una mujer en la calle, se le retiene e interroga durante cuatro semanas y luego se le deja en libertad sin cargos ni explicaciones. "Perdona, tío, ya puedes irte". Si es que piden perdón. Cuatro semanas. Y ahora, en casos muy excepcionales, quieren ampliarlo a seis. Algunos de los que salgan a la calle serán personas culpables que se las hayan arreglado para salir bien librados, pero no creo que sea ésa la situación de todo ese 50% que queda en libertad sin cargos.

Supongan que les ocurre a ustedes. Supongan que son inocentes. Imaginen cómo se sentirían. Y la ministra del Interior, Jacqui Smith, dice que esta medida no va a contribuir a la radicalización de una juventud musulmana ya profundamente molesta. Que les pregunten a las policías locales. En un contexto más general, la medida se presenta como un sacrificio de la libertad a cambio de más seguridad. Es verdad que ese sacrificio es frecuente, y es verdad que mucha gente da más importancia a la seguridad que a la libertad (el 69% de la población británica apoya la ampliación a 42 días "en circunstancias excepcionales", según un sondeo de The Daily Telegraph, aunque depende en gran medida de cómo se haga la pregunta). Pero seguramente tendrá un efecto tan negativo en la gente cuya lealtad a Gran Bretaña más necesitamos obtener que es posible que, a la hora de la verdad, acabemos teniendo menos seguridad. Es decir, menos libertad a cambio de menos seguridad. Qué oferta tan irresistible.

Todo esto sucede, como señalaba el ex primer ministro John Major en un discreto artículo que era todo un misil, en un contexto general en el que Gran Bretaña se ha acercado mucho más que otras democracias liberales a ser un Estado de seguridad nacional y una sociedad de la vigilancia. Y no hay que olvidar cómo el Gobierno ha impuesto el proyecto a una Cámara de los Comunes reacia, a base de concesiones incoherentes, el sacrificio de principios básicos del procedimiento judicial a cambio de la conveniencia política, y el ofrecimiento de míseras ayudas a cualquiera que se animara a votar por él. Eso, por parte de un primer ministro que el verano pasado llegó al poder prometiendo un Gobierno estratégico y apoyado en grandes principios y proclamó que la esencia de lo británico era la libertad. Y todo para nada: la disposición de los 42 días tiene ya tantos condicionantes que es muy poco probable que se utilice jamás salvo en una verdadera emergencia nacional, y en ese caso ya habría podido hacerse algo parecido con la legislación actual. Los lores, los jueces y los periodistas retrasarán -aunque no puedan impedir- la aprobación final de la ley. Y si llega a entrar en vigor, un Gobierno conservador seguramente la revocará. De modo que éste ha sido un ejercicio de futilidad intransigente. Vive Dios, casi dan ganas de mudarse a Alemania. -

www.timothygartonash.com. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia