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El Tribunal Superior anula el plan de urbanismo del PP en Ourense

La sentencia deja en el aire las inversiones y el proyecto termal de la ciudad

El Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense que aprobó en 2003 el PP en solitario es ilegal. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado una de las 17 demandas presentadas contra la totalidad del planeamiento anulando su aprobación por la Consellería de Ordenación del Territorio "por ser contrario a derecho".

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La sentencia, que analiza el recurso presentado por un particular, el promotor Delio Óscar Santalices Vieira, destaca que los planos que se expusieron al público en la fase de información "no se corresponden con los que figuran como aprobados inicialmente". Además, la memoria, el estudio económico-financiero, la normativa, los convenios urbanísticos y el catálogo expuestos "carecían de todo tipo de testimonio, sello o firma que indicase que se correspondía con el original".

Para el tribunal, la discrepancia entre los documentos aprobados y los expuestos constituye "un vicio que no puede subsanar la falta de reclamaciones o que determinados propietarios resultasen beneficiados por mayores posibilidades de edificación", ya que la información pública "atiende a intereses generales, no a los particulares de unos propietarios".

El fallo del tribunal pone al actual gobierno municipal en una difícil situación, toda vez que los socialistas habían presentado en solitario una demanda judicial a la totalidad del plan en 2003, cuando estaban en la oposición, conocedores de que "era absolutamente injusto y además tenía todos los informes jurídicos internos y externos en contra". Ahora, si no lo recurren desde el Ayuntamiento, sus proyectos de expansión urbanística y empresarial iniciados para la ciudad, la vivienda social que han empezado a construir y el plan de termalismo se desplomarían. Lo mismo ocurriría con las cesiones urbanísticas que constituyen el 70% del nuevo presupuesto municipal aprobado para este año. Así lo reconocían ayer los tres grupos políticos. Mientras el portavoz del PP, Enrique Nóvoa, destacaba que ni le corresponde a su partido recurrir al Supremo, ni desea otro modelo urbanístico. "Nos gustaba éste", sentenció y anunció que pedirán al alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, que presente recurso.

Rodríguez no entró ayer en detalles y únicamente declaró su intención de consensuar con los socios de gobierno del BNG y con el PP el desarrollo urbanístico de la ciudad. "Estudiaré los pasos legales una vez que haya hablado con ellos", dijo. En cualquier caso, manifestó que la sentencia confirma la denuncia de los socialistas desde que se aprobó el plan en 2003 "cuando lo tildamos de ilegal, especulativo, políticamente injusto y técnicamente inviable".

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Además, acusó al PP de generar "gran incertidumbre jurídica con una aprobación de un planeamiento por mayoría simple" y destacó que en su lucha contra este plan "el PSOE no recibió el respaldo de nadie, ni de los empresarios, ni de nuestros socios de gobierno del BNG". El grupo nacionalista advirtió en junio de 2007 al regidor que si revisaban el PXOM, como pretendían los socialistas, romperían el gobierno de coalición.

El alcalde expresó su esperanza en alcanzar "el máximo consenso" de los otros dos grupos municipales, "especialmente de nuestros socios", para afrontar la revisión urbanística de la ciudad "en defensa del interés colectivo". Socialistas y nacionalistas no descartan recurrir ante el Supremo para ganar dos o tres años y elaborar mientras tanto un nuevo planeamiento.

En abril de 2007, el Tribunal Superior ya había anulado el planeamiento puesto en marcha en el barrio de A Ponte. La sentencia invalidó centenares de viviendas de nueva promoción, zonas verdes e incluso la recién estrenada sede de la Policía Local de la ciudad.

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