La ley del más fuerte

Los gigantes energéticos europeos EDF (Francia), E.ON (Alemania) y Enel (Italia) están jugando en Europa su particular partida de Monopoly. Y España, sin armas legales para obstaculizar su avance, es parte del tablero. Enel y E.ON, tras dos años de batalla en torno a Endesa, ya están dentro. También la portuguesa EDP, propietaria de Hidrocantábrico. Ahora, es EDF la que pide paso. Quiere un trozo del pastel. Quiere a Iberdrola. La fortaleza de la que hacen gala no es casual. Son empresas con mayoría de capital público (EDF, Enel) o estrechamente vinculadas al Estado (E.ON) que han disfrutado durante años de un control absoluto de sus respectivos mercados y de la benevolencia de sus Gobiernos.

Frente al desarme español, EDF cuenta con respaldo total del Gobierno francés

Solbes: "Que una empresa sea pública es peor que una ayuda pública"

Los gigantes tienen a su favor dos elementos clave. Primero, el respaldo normativo de la Comisión Europea, que no distingue entre capital público o privado a la hora de defender su libre circulación. Y segundo, la inocencia -siempre osada y más o menos reconocida-, de un país, España, que a partir de 1996 (Plan Estratégico de Privatizaciones), decidió dar un ejemplo de liberalismo en Europa y vender todas sus participaciones en empresas públicas. Una opción que un alto cargo en uno de los órganos de supervisión del mercado resume ahora con tres palabras: "Somos unos pardillos".

El Gobierno de entonces, del PP, apostó por las privatizaciones y la liberalización total de los mercados. Incluido el energético. El modelo a seguir era el del Reino Unido: troceamiento de las grandes empresas públicas (Central Electricity Generating Board) para crear otras más pequeñas en competencia. Eran tiempos de sacar pecho. De liberalizar más, más rápido y mejor que nuestros vecinos. Mientras España admitió en 2003 la plena libertad formal de competencia y de elección de suministrador en el sector eléctrico, Alemania y Francia hacían mohínes a los planes de Bruselas, para cuatro años más tarde.

El Gobierno se guardó algunos ases en la manga. Primero, el derecho a vetar operaciones en las empresas privatizadas mediante la llamada "acción de oro" (Telefónica, Endesa, Repsol, Tabacalera, Argentaria). Luego, cuando se dieron los primeros escarceos de la gran batalla energética (como el intento de adquirir Hidrocantábrico por EDF a finales de los años noventa) se adoptaron tímidas medidas de control (ley Rato). Se intentaba impedir la entrada, por las bravas, de empresas extranjeras de capital público en el sector de la energía. Y en plena batalla por Endesa, con el gigante E.ON haciendo alarde de su poderío por Madrid, se reforzaron las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por decreto. El propósito era facilitar la imposición de condiciones a operaciones no deseadas.

Pero el arsenal, además de escaso, se ha revelado inútil. En el año 2003, el Tribunal de Luxemburgo sentenció contra la "acción de oro" y en 2005, el Gobierno asumió la sentencia. Esta semana, el mismo órgano judicial ha tumbado la ley Rato y, según fuentes de la Administración, el último cartucho -las competencias de la CNE, que también están siendo examinadas en el Tribunal de la UE- es simple pólvora mojada. El Tribunal de Luxemburgo fallará en contra en un año como mucho. ¿Qué queda para la defensa? En ausencia de instrumentos normativos, instrumentos políticos. O sea, negociar de Gobierno a Gobierno.

Frente al desarme español, EDF cuenta con el respaldo total del Ejecutivo francés (cuenta con un 86% de capital público); E.ON es una empresa "no comprable" -en el improbable caso de que sufriera un asalto, el Gobierno alemán obligaría a vender su filial de gas, Ruhrgas- y Enel, con más de un 30% en manos del Estado italiano, está segura.

La situación la resumió en el año 2006 el hoy acosado presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán: "Tres compañías de dos países (Francia y Alemania) producen más del 50% de toda la electricidad en Europa y sólo dos países y medio (Reino Unido, España y Suecia) han liberalizado sus mercados".

Ayer, mismo, el vicepresidente segundo del Gobierno hizo también su particular resumen de la situación. Sin mencionar a la francesa EDF o a la alemana E.ON, pero con ellas en mente, Solbes explicó "que una empresa sea de propiedad pública no es una ayuda pública, pero es peor que una ayuda pública". Peor porque si EDF optara por engullir a Iberdrola a las bravas -algo poco probable-, el Gobierno tendría las mismas posibilidades de salir airoso de la pelea que George Armstrong Custer en Little Big Horn.