España no informó a Bruselas sobre las denuncias de pasajeros a las aerolíneas

Las autoridades españolas no informaron a la Comisión Europea sobre las denuncias presentadas por los usuarios de las compañías aéreas por retrasos, cancelaciones y denegación de embarque por sobreventa. Entre febrero de 2005 y septiembre de 2006 se presentaron 18.288 quejas, según una encuesta que recoge la información proporcionada por la mayoría de los países de la UE. Un estudio encargado por Bruselas revela, sin embargo, un fuerte crecimiento de las quejas presentadas en España, que pasaron de 8.396 en 2005 a 25.755 en 2006.

La Comisión presentó ayer el informe de evaluación de los resultados y la aplicación del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos. Los responsables comunitarios de Transportes señalan que desde que hace dos años entró en vigor el reglamento los progresos han sido muy limitados. La Comisión ha concedido otros seis meses a las compañías aéreas y a los Estados miembros para aplicar esa normativa.

La mayoría de estas denuncias no están cubiertas por el reglamento que entró en vigor en febrero de 2005. Pero las quejas incluidas en la regulación siguen siendo una cifra elevada puesto que un 22% corresponden a retrasos; un 11% a cancelaciones; y un 3% a denegación de embarque, según un informe elaborado por la consultora Steer Davies Gleave, encargado por la Comisión Europa.

El informe señala que la Dirección General de Aviación Civil española no ha puesto ninguna multa pero ha abierto expedientes para imponer sanciones a dos compañías: Iberia, por los acontecimientos del 28 de julio de 2006, cuyo personal bloqueó el aeropuerto de Barcelona, produciendo un gran número de retrasos y cancelaciones y a Air Madrid, por los persistentes retrasos de 12 a 24 horas y cancelaciones de vuelos, a menudo sin proporcionar la asistencia adecuada.

Según la encuesta realizada directamente por la Comisión, de las 18.288 quejas presentadas, una proporción considerable se refiere a los aspectos cubiertos por el reglamento: retrasos de vuelos (34%), cancelaciones (35%) Otro 7% se refieren a denegación de embarque. La Comisión destaca que sólo el 14% de las denuncias presentadas fueron resueltas satisfactoriamente. Es significativo también que las autoridades nacionales de los respectivos países sólo abrieron expedientes sancionadores en el 0,8% de los casos. Según Europa Press, Bruselas reclamó hasta tres veces los datos sobre las quejas, sin éxito.

Entre los países que respondieron voluntariamente, el Reino Unido con 6.090 denuncias, es el país que encabeza la lista de Estados miembros con más quejas presentadas. Le siguen Francia con 2.700 e Italia con 2.557.

El informe presentado ayer considera que "deben tomarse otras medidas importantes para velar para que las compañías aéreas apliquen las normas de forma más consecuente y porque los Estados miembros las hagan cumplir mejor".

El Ejecutivo comunitario estima que se debe seguir trabajando en varios ámbitos: interpretación más clara de determinados aspectos del reglamento; distinción más precisa entre los retrasos y las cancelaciones, y refuerzo de la función de los organismos ejecutivos nacionales que supervisan el cumplimiento de las normas comunes".

El vicepresidente de la Comisión, responsable de los Transportes, Jacques Barrot, admitió en cierta medida el escaso resultado obtenido hasta ahora y pidió mayores esfuerzos a compañías. "Aunque no quepa duda de que los pasajeros aéreos disfrutan hoy de una mayor protección", manifestó Barrot, "debemos velar por que las compañías y los Estados miembros cumplan todas sus obligaciones". El vicepresidente precisó que "la Comisión les ha dado seis meses para aplicar el Reglamento sobre los pasajeros aéreos y les prestará su apoyo total a este respecto".

Durante los seis meses siguientes, el Ejecutivo comunitario intensificará la cooperación con los organismos ejecutivos nacionales y con las compañías aéreas a fin de conseguir mejores resultados.

La IACA (Airlines Serving Tourism) saludó el propósito de Bruselas de mejorar la normativa sobre los derechos de los viajeros y consideró que para ello era necesario mantener consultas más rigurosas con la industria.