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Territorio aplaza de nuevo la solución para el polígono energético de El Serrallo

María Fabra

Y van tres. Después de tres semanas desde que el consejero de Territorio, Esteban González Pons, dijera haber decidido atajar la problemática de la cercanía de las industrias petroquímicas del polígono de El Serrallo de Castellón con viviendas de la propia ciudad y de la vecina Almassora aún no se ha trasladado ninguna decisión. Fuentes de la propia consejería aseguraron que González Pons había optado por paralizar, de momento, las ampliaciones previstas por la refinería BP Oil y la eléctrica Iberdrola, tal como había solicitado el Ayuntamiento de Almassora (en el caso de BP Oil) y el grupo socialista en el mismo municipio (para Iberdrola), ya que algunos de los nuevos proyectos dejaban, en los casos más límite, viviendas a apenas 100 metros de las industrias. La suspensión cautelar tendría un plazo aproximado de tres meses, hasta la conclusión de una auditoría medioambiental que determinara la solución. Sin embargo, la primera reunión que se debía celebrar para trasladar esta decisión a ambos ayuntamientos, se suspendió. La segunda, prevista para el pasado día 3, también. Y ayer, nuevamente "problemas de agenda" impidieron el encuentro entre responsables de la consejería y de los ayuntamientos afectados.

Con la polémica aún abierta, el secretario comarcal del PSPV de la Plana Mitja, Vicent Tirado, señaló que este conflicto "generado por el Ayuntamiento de Castellón con sus municipios vecinos, pone de relieve, por una parte, la incapacidad del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, de entenderse con sus vecinos y concertar intereses comunes y, por otra, la dejadez de la Generalitat a la hora de conciliar los usos que municipios colindantes dan a sus territorios". El dirigente socialista exigió además a la Generalitat que "asuma sus competencias y ordene el uso del territorio para evitar estampas lamentables como la que están protagonizando ahora Castellón y Almassora".

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