Esperanza Aguirre se limita a decir: "Pregúntenle a Porto"

"Pregúntenle a Porto". Ésta fue la respuesta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, dio ayer cuando se le preguntó sobre las razones de la dimisión del director de Urbanismo, Enrique Porto. "Estará deseoso de contestarles", añadió. Ningún miembro del Gobierno ha respaldado la gestión del alto cargo y sólo el Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea regional ejerció su defensa. El portavoz, Antonio Beteta, fue el encargado de ofrecer la justificación del supuesto pelotazo de 4,3 millones en el que participó Porto en Villanueva de la Cañada.

Ningún miembro del Gobierno regional ha apoyado públicamente al ex director de Urbanismo. El martes, el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía (superior de Porto), eludió pronunciarse cuando se le preguntó. Ayer fue la presidenta regional la que se zafó de las cuestiones de los periodistas y les animó a que preguntaran al propio Porto. "Estará deseoso de contestarles", dijo.

En cambio, fue Beteta el encargado de ofrecer la justificación de Porto acerca del supuesto pelotazo que habría obtenido en Villanueva de la Cañada, que le habría reportado a él y a sus socios unos 4,3 millones de euros por la venta de una finca.

En la rueda de prensa ofrecida por el portavoz del PP, Antonio Beteta, no estuvo el ex director, que tampoco ha ofrecido todavía su versión del pelotazo, pese a que EL PAÍS le solicitó una explicación el martes. Preguntado por las razones por las que era el encargado de defender a Porto, Beteta afirmó que desconocía por qué el ex alto cargo no ha respondido a las preguntas de este periódico, pero que "el PP defiende que la política urbanística del Gobierno regional es legal y legítima". Y abundó: "No hay nada ilegal en la actuación del señor Porto y no se ha producido ninguna denuncia contra él".

Antes, Beteta había leído un documento en el que detallaba la relación entre el ex alto cargo y la parcela de Los Pocillos con la que se lucró. Según Beteta, "no existió ningún pelotazo urbanístico", porque a Porto sólo le correspondían 333 metros cuadrados de la finca de 2.000 metros que adquirió junto a otras cinco personas en 1988. Además, según esta versión, los otros terrenos, que suman 20.000 metros cuadrados, no pertenecen a Porto, sino a su esposa, que participa en la empresa Elclansol, la propietaria. Las fincas fueron adquiridas, recalcó, cuando ya eran urbanizables. Pero la compra se efectuó en 1994, y los terrenos fueron convertidos en urbanizables por el propio Porto en su redacción del plan general en 1999. Beteta no mencionó que el matrimonio tiene régimen de bienes gananciales, ni que Porto desbloqueó el planeamiento parcial en 2004, cuando ya era director general. Beteta afirmó que su grupo "respalda la gestión de Porto al frente de Urbanismo" y arremetió contra el Partido Socialista de Madrid (PSM) al que acusó de atacar la "honorabilidad" del ex director para "tapar su falta de proyecto político".

El portavoz socialista, Rafael Simancas, replicó que el PSM ha cumplido con su deber de hacer denuncias políticas y puso la información de la que dispone su grupo a disposición de la Fiscalía. Hoy tiene previsto reclamar en la Asamblea la dimisión del consejero Zabía, por su responsabilidad al no haber detectado las irregularidades de Porto.