El PP exige conocer las plusvalías de la Operación Chamartín para desbloquearla

Enésimo parón a la Operación Chamartín, si es que algún día arrancó. Responsables de las administraciones central, autonómica y municipal se citaron ayer para intentar desbloquear el proyecto del nuevo barrio al norte de la ciudad y salieron, tras hora y media de reunión, tirándose los trastos a la cabeza, como en todas las anteriores. Ayuntamiento y Comunidad se niegan a relanzar la operación mientras no quede claro que las plusvalías servirán para pagar nuevas infraestructuras en la zona, y exigen al Ministerio de Fomento que explique "con transparencia" su acuerdo con la empresa Duch, que explotará la urbanización y pagará a cambio 1.200 millones. Fomento, que anunció en julio ese acuerdo, admite ahora que no está firmado.

La Operación Chamartín -la construcción de 16.200 pisos en un terreno de 300 hectáreas sobre las vías de tren, al norte del paseo de la Castellana- lleva sobre la mesa más de una década, paralizada por la falta de acuerdo entre las tres administraciones. El principal dueño del suelo es el Ministerio de Fomento, y el responsable de gestionarlo para convertirlo en un nuevo barrio, la empresa privada Duch, formada por un banco (BBVA) y una constructora (San José).

Pero también la Comunidad y el Ayuntamiento tienen parte del terreno (entre los dos, un 15%), y además son ellos quienes deben aprobar los planes urbanísticos. Así que sin su acuerdo no hay proyecto. Otro 15% del terreno está en manos de particulares.

El pasado 13 de julio la ministra de Fomento, la socialista Magdalena Álvarez, anunció con gran solemnidad que había "cerrado" con Duch un acuerdo para revisar "al alza" las condiciones de la operación fijadas por el anterior gobierno (del PP): "El ministerio duplicará sus beneficios", aseguró Álvarez. Y dio por desbloqueado el proyecto, dejando la pelota en el tejado de Comunidad y Ayuntamiento. La ministra lo explicó así: el convenio inicial preveía que Renfe cediese los derechos lucrativos de su suelo a Duch y, a cambio, recibiese un canon fijo de 509 millones y otro variable en función de las plusvalías obtenidas a lo largo de 20 años. Según Álvarez, el canon variable era "una incertidumbre" y sólo se cobraría a largo plazo, así que ella decidió renunciar a ese segundo pago pero aumentando en más del doble el canon fijo: Fomento recibiría 1.200 millones en cinco años, y nada en los siguientes.

Tanto el Gobierno de Esperanza Aguirre como el de Alberto Ruiz-Gallardón sospechan que a quien realmente beneficia ese acuerdo es a Duch. Por eso exigen verlo, negro sobre blanco y "no con meras notas de prensa", antes de dar luz verde definitiva a la Operación Chamartín. Quieren saber cuánto dinero producirá el proyecto y decidir, entonces, en qué se gasta. Porque ése es el segundo frente de conflicto: Aguirre y Ruiz-Gallardón exigen que las plusvalías se usen para pagar nuevas infraestructuras en la zona que va a crecer -incluida una línea de metro-; Fomento, sin embargo, anunció en julio que los 1.200 millones los destinaría a diversas mejoras -que ya se había comprometido a acometer- en la red ferroviaria madrileña.

Grupo de trabajo

Ayer se reunía el Consejo Rector para la Prolongación de la Castellana -compuesto por las tres administraciones y Duch-, y todos estos argumentos enfrentados acabaron en nuevo y sonoro desacuerdo. "Se va a crear un grupo de trabajo que estudiará durante dos meses las necesidades de infraestructuras y cuantificará las plusvalías de la operación. Pero ese grupo no empezará a trabajar hasta que el ministerio no nos remita el acuerdo íntegro firmado con Duch que, por cierto, ahora reconocen que no está firmado. Por tanto, sigue dependiendo de Fomento que la operación continúe o no", afirmó la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez.

Martínez -que eleva las plusvalías totales a 8.500 millones, aunque tampoco explica su cálculo- está convencida de que, "renunciando al canon variable, [Fomento] deja el beneficio en manos de un privado", y recordó que en 2002 las tres administraciones acordaron elevar la edificabilidad del suelo en la zona, pero con una condición: "Que con esas plusvalías se financiara la construcción de infraestructuras" para dar servicio a los miles de inquilinos de los nuevos pisos.

"Ha sido una reunión kafkiana: el ministerio se niega a hacer público su acuerdo con Duch. ¿Por qué? Por algo será... Exigimos ver ese acuerdo y que quede claro que las infraestructuras, como una línea de metro, la M-50 o la R-1, se pagarán con cargo a la operación", subrayó Elvira Rodríguez, consejera de Transportes.

El secretario de Estado, Víctor Morlán, por su parte, se declaró perplejo por las críticas recibidas. "Yo ya no entiendo nada, cada vez que vengo a estas reuniones es una sorpresa. Comunidad y Ayuntamiento están siendo desleales, tengo casi la certeza de que no les interesa que esta actuación salga adelante", denunció. Morlán admitió que el acuerdo con Duch "no está firmado aún" porque faltan "varios trámites, informes técnicos y jurídicos". No supo precisar cuánto tardarán esos trámites, pero aseguró que el contenido del acuerdo está "cerrado".