Un juez anula el cierre al tráfico por la noche en la colonia Marconi
El Ayuntamiento impuso un 'salvoconducto' para entrar al barrio, tomado por la prostitución
Desde agosto de 2005, a la colonia Marconi, en Villaverde, sólo pueden entrar por la noche los vehículos que lleven un salvoconducto expedido por el Ayuntamiento a los residentes y a sus familiares o amigos. Ahora el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 ha declarado nula la orden con la que el gobierno municipal dictó hace un año el cierre nocturno al tráfico de este barrio de 3.500 vecinos, enclavado en medio de un polígono industrial. El equipo de Alberto Ruiz-Gallardón justificó la decisión en la necesidad de dar "calidad de vida" a una zona que era un foco de prostitución, pero la juez mantiene que la medida no estaba bien motivada. El Ayuntamiento recurrirá. El PSOE exige que se levanten inmediatamente las restricciones.
La restricción rige entre las once de la noche y las seis de la mañana. En ese horario, la patrulla nocturna de la Policía Municipal puede parar a cualquier vehículo que circule por las calles de la colonia Marconi y pedir al conductor la tarjeta de residente. Los residentes pueden, a su vez, facilitar al Ayuntamiento las matrículas de familiares o amigos para que también les dejen pasar. "Pero eso es un engorro. Nunca sabes quien vendrá a visitarte", protestaba ayer un vecino. Durante el día no hay restricción a la circulación ni, por tanto, ningún impedimento al ejercicio de la prostitución, con el que los vecinos conviven desde hace años.
El concejal socialista Óscar Iglesias, que fue quien llevó el asunto a los tribunales, y su compañero de grupo Manuel García-Hierro convocaron ayer a los periodistas en Marconi para hacer pública la sentencia. "Hace un año que el alcalde decidió convertir esto en un gueto en el que se necesita un salvoconducto para entrar. Pero esta medida fue un atajo para solucionar un problema que requiere otro tipo de actuaciones", dijo Iglesias en referencia a la prostitución.
La orden del cierre al tráfico nocturno la dio el gobierno municipal a través de una "nota de servicio interior" firmada por el director general de Movilidad, Javier Conde. El socialista Óscar Iglesias consideró que Conde no era competente para ordenar eso, y la juez le da la razón en una sentencia fechada el pasado 27 de junio. Subraya que el alcalde y "sus delegados" sí son competentes para decretar el cierre al tráfico de una zona de la ciudad, pero sólo si es para crear un área peatonal -no es el caso- o "con la finalidad de asegurar la fluidez o seguridad de la circulación".
Las "finalidades" que la Concejalía de Seguridad y Servicios a la Comunidad, de Pedro Calvo, expresó en la orden de cierre fueron éstas: "Una mejora de la calidad acústica y medioambiental, protección del paisaje urbano y patrimonio público viario, salvaguardia y defensa de la seguridad ciudadana", razones "claramente distintas de la de asegurar la fluidez y seguridad de la circulación", dice la juez.
Un defecto de forma
"Vamos a recurrir la sentencia. Pero, aunque nos volvieran a quitar la razón, el cierre nocturno de Marconi se va a mantener, porque lo único que el juez ha señalado es un defecto de forma fácilmente subsanable", afirma Fernando Autrán, coordinador de Servicios a la Comunidad.
Si el problema es que la decisión estuvo mal motivada, "basta con dictar una orden que diga que las restricciones son para combatir un problema de seguridad vial, y ya está", opina Autrán. La supuesta inseguridad vial de la zona consistiría en que "muchos conductores van parando para buscar a las prostitutas, a veces con las luces apagadas, y pueden provocar choques". El coordinador sostiene que la medida fue "consensuada con los vecinos", a pesar de que muchos residentes se mostraban ayer claramente en contra del cierre.
8.000 multas en un año
Hace un año que Marconi está cerrado al tráfico por la noche. En este tiempo la Policía Municipal ha tramitado "unas 8.000 denuncias", según una portavoz de la Concejalía de Seguridad. O lo que es lo mismo: 20 coches multados cada noche. La sanción por entrar en la zona prohibida es de 90 euros.
"Pues a mí no me han parado nunca. Estoy en mi barrio. ¡Qué salvoconducto ni qué nada!", protesta José Luis, un vecino.
"Tenemos otros problemas. El barrio está incomunicado y las calles son un paseíllo de los toxicómanos que van al poblado del Salobral. Y esa medida es una vulneración clara del derecho a la libre circulación recogido en la Constitución", añade al conocer la noticia Juan Carlos Oeo, propietario de un quiosco en la zona.
La sentencia que anula la decisión municipal sobre Marconi no valora si esa medida vulnera algún derecho constitucional o atenta contra la libertad de movimiento de las personas, algo que algunos juristas sugirieron cuando se puso en marcha el año pasado. Se limita a señalar que los motivos que dio el Ayuntamiento para dictar su orden no están amparados por ninguna normativa.
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