Faltó la voluntad política de CiU y PP
El considerado proyecto estrella de la ex consejera de Bienestar y Familia Anna Simó, la Ley de Servicios Sociales, se quedará en el cajón. Las 2.000 entidades integradas en la Mesa del Tercer Sector Social pidieron la semana pasada a los grupos parlamentarios "voluntad política" para aprobarla en esta legislatura. El PP y CiU, sin embargo, pidieron una prórroga del periodo de enmiendas, lo que impidió que el texto pueda aprobarse en el último pleno. La ley, que el precandidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, José Montilla, ha fijado como su primer objetivo, convierte en un derecho universal los servicios sociales, desde la atención domiciliaria a los geriátricos y la atención a los menores en situación de riesgo. Ahora estas prestaciones, por la limitación de los recursos públicos, sólo son accesibles a las personas con extrema necesidad. De los 850.000 usuarios actuales se pasará a más de dos millones.
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