Una insólita estrella de la paz

La dimisión de Román Sudupe como portavoz del PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián, que se produjo el pasado lunes, ha sido interpretada en el País Vasco como una muestra más de las tensiones por las que atraviesa el Partido Nacionalista Vasco no sólo por las diferencias de criterio entre el presidente del Euskadi Buru Batzar, Josu Jon Imaz, y el responsable de la ejecutiva en Guipúzcoa, Joseba Eguibar, origen de esa dimisión, sino también por la enquistada posición del lehendakari.

Juan José Ibarretxe, según algunos de sus últimos interlocutores, sigue convencido de las virtudes de su plan soberanista como posible mecanismo de un acuerdo político, mientras que otros sectores del partido lo dan por completamente caducado, lo consideran un verdadero problema a la hora de establecer nuevas relaciones con el PSOE, e incluso un inconveniente insuperable para explorar otras posibilidades futuras. La cuestión es que, en teoría, el lehendakari tiene todavía por delante un largo mandato de tres años.

La dimisión de Sudupe demuestra las tensiones en el PNV no sólo entre Imaz y Egibar, sino también con un 'lehendakari' enquistado en su antiguo plan

Nadie espera en el País Vasco que se produzcan movimientos políticos antes de las elecciones municipales del año próximo, en las que se supone que Batasuna, o su equivalente legalizado, intentará dar un buen bocado en el electorado nacionalista. El resultado de las elecciones municipales abrirá además una etapa interesante de alianzas políticas en grandes ciudades y localidades importantes que permitirá conocer mejor el balance de fuerzas dentro del PNV: entre quienes, como Egibar, pueden defender un Lizarra II -es decir, un frente nacionalista radical- y quienes, como Imaz y la sección vizcaína del partido, huirán con todas sus fuerzas de esa salida política.

A la espera de la confirmación del abandono de las armas por parte de ETA y de los movimientos previos necesarios para esas elecciones municipales, buena parte de los responsables socialistas se muestran bastante preocupados con lo que consideran una maniobra de Batasuna para presentarse ante la opinión pública del País Vasco como los impulsores y protagonistas del proceso de paz.

Muchos militantes socialistas vascos contemplan con malestar la campaña de los dirigentes de HB en Euskadi no sólo para legalizarse inmediatamente por vía de los hechos, sino, sobre todo, para presentarse como "campeones de la paz", los responsables del mayor esfuerzo para acabar con la violencia. Una cosa es comprender que Batasuna, o su equivalente, tenga un papel muy importante en el proceso abierto tras la declaración de tregua permanente, como todo el mundo acepta, y otra admitir que ese papel político se confunda con su presentación como los auténticos padres de la nueva etapa, comenta, indignado, un diputado del PSOE.

Esos mismos responsables socialistas se alegran de que la legalización por vía de los hechos haya quedado cortocircuitada por la decisión de la Audiencia Nacional de considerar ilegales actos como el convocado para hoy domingo en el Kursaal de San Sebastián. El dirigente batasuno Joseba Permach reconoció el mismo jueves la imposibilidad de celebrar actos públicos de esta envergadura en esas condiciones, pero aseguró que la presión para ese reconocimiento de facto continuará en la calle, con el mayor número posible de movilizaciones. Los próximos meses serán, pues, bastante más movidos de lo que algunos creyeron inicialmente.

Eventuales escenarios

Aunque dentro del PSOE proliferan las llamadas a la prudencia y las invitaciones a dejar de especular sobre el futuro político de Euskadi, la realidad es que no hay conversación que no derive en el análisis y comentario de eventuales escenarios vascos. El manifiesto firmado por mujeres de todos los partidos, salvo las del PP, con el compromiso de respetar lo que se decida en Euskadi provocó más confusión que otra cosa. Especialmente cuando la socialista Gema Zabaleta realizó una extraña distinción entre "reconocer el derecho a decidir" y "establecer el respeto a lo que se decida".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que no le gustan nada las especulaciones dentro del PSOE, intentó esta semana acotar el debate recordando que cualquier acuerdo tendrá que ajustarse a la legalidad constitucional vigente. Personas próximas al presidente consideran además que no hay ninguna posibilidad de reformar el actual estatuto de autonomía antes de las próximas elecciones generales, en 2008. Colocar el horizonte en 2009, por ejemplo, ayudaría, sin duda, a enfriar el debate.