La sartén y el cazo

EL PRESIDENTE del Tribunal de Cuentas compareció el pasado martes en el Congreso para exponer las conclusiones de sus tareas fiscalizadoras sobre la tesorería de los partidos durante el año 2002. La parte del león de los ingresos de las formaciones políticas corresponde a la financiación pública, que se canaliza a través de las subvenciones a los gastos anuales de mantenimiento (156 millones de euros en ese ejercicio), las campañas electorales (varían en función del ámbito de las convocatorias) y los grupos parlamentarios. Pese a que el porcentaje sobre el total recaudado sea mucho menor, la financiación privada plantea problemas de control considerablemente más graves y complicados.

El informe del presidente del Tribunal de Cuentas ante la correspondiente comisión del Congreso provoca un debate entre los diputados sobre la condonación de los préstamos bancarios a los partidos

La comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas dio lugar a un áspero debate en la comisión sobre las condonaciones de préstamos -el principal y/o los intereses- concedidos por los bancos y las cajas a los partidos. Los portavoces del PP y del PSOE reprodujeron el diálogo escasamente ejemplar de la sartén y el cazo sobre la suciedad comparativa de sus tiznadas finanzas: es un hecho cierto que no sólo socialistas y populares -el PP, bajo su denominación actual o con el nombre de AP-, sino también otros partidos, se han beneficiado a lo largo de casi treinta años de la munificencia para el perdón de las instituciones crediticias.

Es habitual que los partidos sorprendidos en esas opacas operaciones -ahora le ha tocado el turno al PSC por el trato de favor recibido de la Caixa- defiendan su honor mancillado con argumentos ambiguos e internamente contradictorios. De un lado, las formaciones políticas suelen proclamar su derecho a beneficiarse de las condonaciones de préstamos en pie de igualdad con las prácticas mercantiles que permiten a los particulares y a las empresas de la sociedad civil obtener de los acreedores aplazamientos, rebajas o exoneraciones de sus deudas. De otro, también tiran de hemeroteca para reprochar a sus competidores políticos los créditos perdonados en el pasado a fin de universalizar los enterrados sentimientos de culpa y de generalizar la vergonzante pretensión de impunidad para todos los partidos. Resulta difícil sostener, en cualquier caso, que el privilegiado trato dispensado por unas instituciones crediticias dependientes de las regulaciones públicas a unos partidos capaces de adoptar desde el poder -ahora o en el futuro- decisiones capaces de suavizarlas o de agravarlas pueda ser equiparado con las distanciadas relaciones entre los bancos y sus deudores o con cualquier otra fría práctica del mundo mercantil.

No deja de ser paradójico, a este respecto, que la reforma de la ley de financiación de 1987 propuesta por ERC -actualmente en tramitación parlamentaria- abogue por la interdicción de las aportaciones de las personas jurídicas (ahora permitidas), pero defienda, en cambio, las condonaciones a los partidos. Si el principio de igualdad de oportunidades electorales y la lucha contra el tráfico de influencias son puestos en peligro por las sociedades anónimas, ese mismo razonamiento debe extenderse a unas entidades tan emblemáticas del mundo del dinero como los bancos y las cajas. Para el balance contable de los partidos, los efectos de ambas operaciones -por acción o por omisión -son idénticos: la subvención incrementa el activo, y el perdón de la deuda descarga el pasivo. De añadidura, el patrimonio inmobiliario, las subvenciones públicas y los ingresos por otros conceptos aseguran la solvencia -ejecutable- de los partidos como deudores.

El temor a las colusiones entre dinero y poder sirve a ERC para fundamentar la propuesta de prohibir las aportaciones anónimas (hoy pueden llegar hasta el techo del 5% de la subvención presupuestaria de cada formación) como probable vehículo de donativos encubiertos; el mismo argumento justifica la limitación de las aportaciones de las personas físicas a 30.000 euros anuales. El debate parlamentario del proyecto -el presidente del Gobierno anuncia que la nueva ley será promulgada en junio de 2006- dará a los partidos la oportunidad de mostrar si de verdad están dispuestos a dar mayor transparencia y limpieza a su financiación.