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Blasco cruza acusaciones de corrupción con los socialistas en el debate de la ley urbanística

El PP rechaza las dos enmiendas a la totalidad del PSPV-PSOE y de EU-L'Entesa

Cristina Vázquez

El debate del proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV) en las Cortes acabó ayer en un cruce de acusaciones entre populares y socialistas sobre supuestos casos de corrupción. Los socialistas calificaron de "obsceno" lo que está sucediendo con los alcaldes del PP en Torrevieja y Orihuela -envueltos en escándalos urbanísticos- y el consejero de Territorio, Rafael Blasco, replicó que el único condenado por infracción urbanística fue un secretario local del PSPV. El Grupo Popular tumbó las dos enmiendas a la totalidad presentadas a la ley por socialistas y EU-L'Entesa.

"Los ayuntamientos proponen, pero usted dispone", dijo Sanmartín al consejero

El consejero Rafael Blasco presentó el proyecto de la LUV como un texto consensuado con municipios, abogados, arquitectos, asociaciones de vecinos, cámaras de comercio y promotores inmobiliarios y subrayó, tras reconocer que la LRAU en vigor ha generado rechazo social, que la futura ley "protege los derechos de los pequeños propietarios, da transparencia a la selección del urbanizador y adjudicación de los PAI, fomenta la vivienda social y recoge un amplio capítulo de disciplina urbanística". "Son puntos que no se resuelven con remiendos a la ley", dijo el consejero del texto alternativo defendido por los socialistas y que enmienda la LRAU vigente.

La oposición no se anduvo por las ramas y planteó mil y un argumentos de porqué no les gusta esta ley. El diputado socialista Adolf Sanmartín dijo que el texto alienta un "modelo urbanístico depredador, que facilita el enriquecimiento rápido y disgrega las ciudades". El parlamentario defendió más y mejores garantías para los propietarios de terrenos afectados por los PAI, un porcentaje fijo de vivienda protegida, planes de acción territorial que establezcan límites a la construcción en el litoral y en otros suelos de especial protección, y la suspensión de los PAI que estén fuera de ordenación.

"Los ayuntamientos proponen, pero usted dispone", se anticipó Sanmartín a la retahíla de proyectos urbanísticos promovidos por ayuntamientos socialistas que más tarde echó en cara el consejero y el PP al PSPV.

"Ha perdido la vergüenza" y además de forma "obscena, porque si no, cómo se explica que sea el IVVSA [empresa de vivienda de la Generalitat] la que reclasifique suelo en Manises para 10.000 nuevas casas o en el entorno de Terra Mítica para apartamento, cuando en origen ese terreno estaba reservado a futuras ampliaciones, enfatizó Sanmartín. El diputado recriminó al presidente Francisco Camps que "arrope" al alcalde de Torrevieja, el popular Pedro Hernández Mateo, tras conocerse que se ha embolsado seis millones de euros por la venta de unos terrenos que dos años antes le costaron 180.000. Y tildó de "ofensivo al pudor y la dignidad" que el alcalde de Orihuela [también del PP], José Manuel Medina, "viva en el chalé de un promotor al que casualmente recalificó suelo para más de 5.000 nuevas viviendas".

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El diputado socialista fue más allá y se refirió incluso al pasado político de Blasco, consejero de Obras Públicas con el gobierno socialista de Joan Lerma y destituido por un caso de supuesta corrupción urbanística, del que fue exonerado. Sanmartín comparó al consejero con "el primo de Zumosol del urbanismo valenciano", algo que no consiguió con el PSPV, porque le expulsaron.

Por alusiones, Blasco replicó que hacía falta tener "cara dura" para hacer estas acusaciones cuando el "único cargo público condenado" por irregularidades urbanísticas fue el secretario del PSPV de Sueca "por construir dentro del parque natural de L'Albufera". El consejero citó además los casos de El Puig y Elda, corporaciones socialistas donde, según dijo, "se pone a caldo" la política urbanística del PSPV. Blasco abroncó a Sanmartín por su estilo "tabernario" y agregó que "desde la indignidad no se construye nunca un proyecto alternativo".

A la oferta de acuerdo que Blasco lanzó al comienzo del pleno para pactar el proyecto de la LUV durante la tramitación de las enmiendas, Sanmartín respondió: "¿Qué acuerdo? No podemos ser corresponsables de su política porque el desastre lo han provocado ustedes".

Carles Arnal, diputado de L'Entesa, defendió la enmienda a la totalidad presentada por su grupo, y se refirió a la LUV del PP como un edificio "que tiene una bonita fachada, pero enormes agujeros por detrás por los que es posible perpetrar" abusos y delitos medioambientales. Arnal insistió que el texto -su grupo ha presentado 360 enmiendas- "no responde a las expectativas" ni tampoco resuelve el problema de los pequeños propietarios. Además, se mostró convencido de que esta ley no corrige uno de los problemas urbanísticos más comunes en estos momentos y es que para aprobar un plan parcial se revise el Plan General de Ordenación Urbana. "Es una ley trampa", concluyó. El Grupo Popular tumbó las dos enmiendas a la totalidad de la oposición, pese a que socialistas y EU-L'Entesa se apoyaron mutuamente en la votación.

A mediodía, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, almorzó con dirigentes de la Federación de Promotores Inmobiliarios de Valencia, entre ellos Salvador Vila, en un encuentro previsto desde hacía semanas y convocado a petición de los promotores. Pla trasladó a los empresarios el modelo urbanístico que defiende el partido.

Intoxicación informativa

El secretario de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, Francesc Signes, valoró ayer "la confesión realizada desde el gabinete de prensa de la Consejería de Territorio y Vivienda, en la que se reconoce que eran mentira las declaraciones de la secretaria autonómica, Cristina Serrano, (difundidas en nota oficial desde el gabinete)". En la nota se atribuía al Ayuntamiento de Sueca, con alcalde socialista, la concesión de una licencia para construir 400 adosados en L'Albufera y en la que afirmaba que dicha concesión había sido suspendida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia.

Según Signes, "la consejería de Blasco se ha convertido en el paradigma de la manipulación y la mentira. De hecho, ya no sabemos si Blasco dirige la Consejería de Territorio o la de Desinformación". El responsable socialista de Medio Ambiente insistió en que si Blasco no dimite, Camps tendrá que cesarle "por irresponsable, por carecer de decencia política y, sobre todo, por mentir". El secretario de Medio Ambiente añadió que, "por decencia personal", Serrano y el jefe de prensa de la consejería deberían dimitir.

El diputado socialista Adolf Sanmartín citó ayer este caso en el debate parlamentario como un ejemplo más de la "falta de lealtad institucional" de la Consejería de Territorio hacia los ayuntamientos que no gobierna el PP.

Signes, al igual que hizo en las Cortes Sanmartín poco antes, aludió a unas declaraciones de Blasco, en las que reconocía que "había montado un equipo dedicado exclusivamente a elaborar informes falsos y a filtrar mentiras para confundir a los socialistas". Según este dirigente, el consejero miente como lo hizo José María Aznar con las armas de destrucción masiva en Iraq o los hilillos de plastilina del Prestige.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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