La futura Ley del Suelo no incluirá la expropiación de viviendas vacías

"El Gobierno ni expropia pisos, ni los expropiará". Así de tajante se mostró ayer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ante la posibilidad de que la nueva Ley del Suelo que ultima su departamento permita expropiar las casas desocupadas. El borrador de esa futura norma (sujeto a cambios) permite la expropiación o venta forzosa sólo en el caso de la retención de terrenos para especular. Y, aunque el texto recoge el deber general del propietario de un piso vacío a alquilarlo, no legitima su expropiación, según Vivienda.

Los propietarios de los más de tres millones de pisos desocupados pueden estar tranquilos, según Trujillo. La nueva Ley del Suelo, que el Gobierno prevé remitir en unas semanas al Parlamento, no permitirá expropiar una casa desocupada, ni tampoco obligar a su dueño a venderla. Los supuestos de expropiación sólo se aplicarán al suelo -un causante de que el precio de la vivienda haya subido un 148% desde 1998- para combatir la especulación.

Así lo afirmaron varios miembros del Gobierno, entre ellos Trujillo, el vicepresidente Pedro Solbes y el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, a raíz de una información del El Mundo, que decía que se podrían expropiar pisos vacíos. El Ejecutivo negó esta posibilidad, que atribuyó a una mala interpretación del borrador de la ley, que además no es el definitivo y será sometido a los ajustes necesarios para que el texto quede claro y no lleve a confusión como puede ocurrir en el actual borrador, tal como está escrito.

La ley incorpora la "función social" de la vivienda y el suelo, anunció Trujillo. Pero matizó que "el Gobierno no expropia pisos ni los expropiará, sino que incentiva a los propietarios para que saquen sus casas al mercado de alquiler".

El artículo 9 del borrador del documento establece, cuando el suelo "esté edificado y desocupado y tenga por uso la vivienda, el deber de dedicarlo al uso previsto o autorizado incluye el de utilizarlo o ponerlo a disposición de terceros para dicho uso". Es decir, si el piso no se usa, que se alquile. Este artículo recoge un deber general que puede dar pie a las comunidades a establecer posteriormente las penalizaciones que estimen necesarias para los dueños de pisos vacíos, según expertos consultados.

Pero éste no legimita la expropiación, ya que no está remitido a otro, el artículo 27, que prevé "la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad y la aplicación del régimen de venta forzosa", cuando se incumplan "los deberes del derecho de la propiedad". El director general de Urbanismo y Política de Suelo, Marcos Vaquer, explicó ayer que ese supuesto se refiere en todo momento a la expropiación en la ordenación territorial y urbanística, es decir, de los terrenos, como aparece en el título al que pertenece.

Reserva para VPO

Así, por ejemplo, si el propietario del suelo no edifica en los plazos previstos podrá ser penalizado. "Nunca nos hemos planteado expropiar pisos vacíos", puntualizó Vaquer. Además, la ley introducirá una reserva del 25% del suelo para viviendas protegidas (VPO). También establece una nueva valoración del suelo para que un terreno rústico se valore como tal, y no como si ya fuera urbanizable.

Por otra parte, la Generalitat podrá expropiar las viviendas que estén desocupadas y declararlas "de utilidad pública", según el anteproyecto de ley del derecho a la vivienda en Cataluña. El texto obliga a que el ejercicio de la propiedad lleve a cabo su "función social" y anuncia la creación de un registro de viviendas que la incumplen. Se incorporarán a esta lista las viviendas en desuso, las sobreocupadas, las ilegales y en las que se haya detectado una "negligencia grave" por la falta de conservación o rehabilitación.

El anteproyecto desarrolla los mecanismos por los que las administraciones pueden determinar si una vivienda está vacía. Se comprobarán los datos del padrón, consumos "anormalmente bajos" de agua, gas y electricidad, y a través de declaraciones de los vecinos del inmueble. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña, Enric Reyna, criticó el carácter "imperativo" de la expropiación y planteó su posible inconstitucionalidad.