Una gravera ilegal, sancionada con una multa de 2,6 millones

La sociedad Gravera de los Ángeles, SA, ha sido sancionada por la Comunidad de Madrid con el pago de 2,6 millones de euros -la mayor multa impuesta por el Gobierno regional por una infracción medioambiental- por realizar extracciones de áridos indebidas en nueve parcelas del Parque Regional del Sureste. La empresa tendrá, además, que restaurar 5,56 hectáreas de suelos afectados por las extracciones.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, explicó ayer, tras la celebración del Consejo de Gobierno, que la gravera carecía de la preceptiva declaración de impacto ambiental para realizar sus extracciones en Ciempozuelos.

Por eso, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre acordó imponer a la citada empresa el pago de 2,6 millones de euros. El Gobierno considera que esta sociedad ha cometido una falta muy grave al infringir la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental.

Según González, el Ejecutivo ha sancionado "una actividad ilegal que se realizaba continuadamente en un espacio protegido calificado como lugar de interés comunitario y zona de especial protección para aves". Ambas áreas se sitúan en los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama.

Según aseguró González, "ante la gravedad de los daños ocasionados por la gravera", el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, ya ordenó el pasado 30 de agosto la suspensión de las extracciones en todas las parcelas afectadas. Un año antes, la Guardia Civil aseguró que la empresa había arrasado un importante yacimiento histórico e imputó a dos directivos de la sociedad un delito contra el patrimonio histórico. Los daños, según los investigadores, fueron "incalculables".

Daños irreparables

El plazo que el Gobierno ha dado ahora a la empresa para que restaure los terrenos es de dos años. La Comunidad advierte de que la gravera ha producido daños "irreparables" y se han originado "pérdidas de valores y bienes ambientales".

De los 2,6 millones de multa impuestos, dos millones son reclamados por el Gobierno en concepto de "indemnización", mientras que los otros 600.000 euros corresponden a la multa por los daños "forestales y paisajísticos".

Ésta es la mayor sanción impuesta por la Comunidad por infracción en materia de extracción de áridos. El Gobierno ya había impuesto en años anteriores otras sanciones semejantes, aunque de menor cuantía. En 2002 multó a una gravera en Daganzo de Arriba con 740.000 euros por carecer también de la declaración de impacto ambiental. En 2004 y 2005, otra empresa de Ciempozuelos fue sancionada con dos multas de 115.000 y 150.000 euros, respectivamente. El año pasado, otra gravera de Aranjuez fue sancionada con el pago de 288.000 euros.