La Administración despliega la mayor operación de seguridad y emergencia

Es la mayor operación de seguridad y emergencia social desplegada en Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno central han destinado 915 personas para preservar la seguridad en el barrio y atender las demandas de los desalojados. La complejidad reside en la actuación conjunta de todos los cuerpos implicados, lo que aún no se había producido de forma tan amplia por un periodo de tiempo indefinido.

Un grupo de 915 personas de las tres administraciones y otras organizaciones sociales atienden a los 1.057 desalojados tras los hundimientos. Casi uno por afectado, aunque la atención se extiende por regla general a todos los vecinos del entorno de la zona del socavón. De la complejidad de las tareas de coordinación da fe el número de cuerpos implicados: la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía, los bomberos y el 061, además de decenas de psicólogos, voluntarios de la Cruz Roja, trabajadores de Transportes Metropolitanos de Barcelona y educadores sociales. Y además, los más de 100 obreros que trabajan para reforzar los túneles del metro.

La operación surgió de las cuatro comisiones mixtas Ayuntamiento-Generalitat encabezadas por el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, y el concejal de Urbanismo, Xavier Casas. No hay precedentes en Cataluña de una actuación conjunta tan amplia de todos estos cuerpos sobre el terreno y en un área bastante dispersa que abarca desde el perímetro de seguridad hasta los hoteles donde están los desalojados, sus lugares de trabajo y las escuelas de los niños.

"Algunos cuerpos ya hemos trabajado coordinadamente en eventos, pero no es nada comparable. Somos muchos más efectivos, tenemos que atender a más de 1.000 afectados y, además, por un tiempo indefinido", explica Joan Miquel Capell, intendente en jefe de la Región Metropolitana de Barcelona.

La coordinación de la operación se lleva a cabo desde el centro cívico de Boca Nord, situado a unos 500 metros de la zona del socavón, y desde la unidad territorial de la Guardia Urbana en el distrito de Horta-Guinardó, donde al menos un miembro de cada cuerpo está presente durante las 24 horas para recibir todas las demandas ciudadanas. "Allí nos llegan las urgencias que debemos atender. Todas las incidencias se recogen en un documento que, por primera vez, lleva el sello de los cuerpos de seguridad de las tres administraciones. De inmediato fijamos la respuesta adecuada y los efectivos que deben intervenir en ella", afirma Xavier Vilaró, jefe de la Guardia Urbana de Barcelona.

Cuando pasó el periodo de emergencia, que duró los dos días siguientes a la aparición del socavón -la fase actual es de "urgencia social"-, se ampliaron las necesidades de seguridad. "Ahora debemos evitar que haya robos en las viviendas desalojadas y sobre todo preservar la seguridad de los vecinos, porque es peligroso acceder a las calles cortadas. Además, tenemos que garantizar una movilidad controlada", dice Capell.

Los desplazados requieren otras ayudas, como transporte escolar, información sobre las últimas novedades, el reparto del dinero para dietas y atención médica para algunas crisis, desde ataques de ansiedad hasta estados de depresión. De ello se ocupan los servicios del 061, la Cruz Roja y los asistentes sociales, que prestan una atención continua y personalizada.

"Se atiende caso por caso para advertir necesidades sociales, de vivienda o laborales, lo cual supone acudir con frecuencia a los hoteles o a casa de los familiares, y tener equipos permanentes en el barrio", explican fuentes del consistorio. En la operación se integran también voluntarios de la Cruz Roja, que crean ludotecas en los hoteles para los chavales y organizan excursiones cada fin de semana. "Hay una enorme empatía de los trabajadores con los vecinos. Vives sus problemas y los ánimos siguen el mismo curso. Si ellos sufren, tú lo pasas mal. Si ellos están mejor, tú también lo estás", explica un funcionario de emergencias.

Los que más viven los problemas de los afectados son los asistentes sociales del Ayuntamiento y la Generalitat. Quizá por ello son los más valorados por los vecinos que han sido desalojados. En las sesiones no sólo se atienden las situaciones personales, sino que también se intenta infundir ánimos cuando escasean y rebajar la tensión cuando sube el tono de las quejas.