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Cinco empresas pujan por el contrato de la lotería

El Gobierno de CiU adjudicó siempre los juegos de azar a la empresa Luditec

Concesión de los juegos de azar más transparente. Cinco empresas presentan hoy su oferta para gestionar las loterías de la Generalitat. Cirsa, GPG Catalunya, Indra y la griega Intralot, aliada del grupo catalán MGA-New Park, competirán con la polémica Luditec, adjudicataria de la concesión desde 1987. Loto Rapid, Loto 6/49, Trio, Super 10 y Loto Expres son las loterías que salen a concurso público. El contrato tiene una duración de ocho años, prorrogable a 10.

En marzo el Gobierno catalán renovó la concesión a Luditec con el compromiso de convocar un concurso público en un año. El objetivo del tripartito era dar tiempo para que otras empresas pudieran presentar sus ofertas. El sector no atraviesa un buen momento en Cataluña: el año pasado redujo sus ingresos fiscales en 24 millones de euros. Junto con Luditec, competirán por el contrato, para lo que presentarán sus ofertas, la multinacional catalana Cirsa; GPG Catalunya, unión temporal de empresas participada por el Grupo Rodríguez Villar, el Grupo Binelde, el Grupo Solplay, Servimatic y Angelmatic); Indra, compañía de tecnologías de la información, y la empresa griega Intralot, aliada del grupo catalán MGA-New Park, informa Europa Press.

La Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas aprobó en noviembre el pliego de cláusulas. Las contraprestaciones económicas se determinarán mediante porcentajes sobre el margen bruto de explotación (diferencia entre el importe de las ventas de apuestas y la cantidad destinada a premio) y en función de unos tramos de volumen de negocio.

La polémica siempre ha rodeado a Luditec, que ha gestionado las loterías catalanas desde 1987. En 1997 el Gobierno de CiU le renovó la concesión sin concurso público. La compañía está participada por Casinos de Cataluña, empresa que preside Artur Suqué. Durante el gobierno de Pujol, la oposición de izquierda siempre criticó la concesión por considerar que daba a Luditec beneficios desproporcionados. En 1990 Jaime Sentís, ex director de Casinos, acusó en los tribunales a Suqué de haber desviado 2.086 millones de pesetas a funcionarios de CiU. Los acusados fueron exculpados, aunque la sentencia da por probada la existencia de "facturas mendaces".

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