Sindicatos y socialistas acusan al PP de desidia hacia la formación de adultos

La Ley de Formación de Personas Adultas (FPA) arroja cuando se cumplen 10 años de su aprobación un penoso saldo. Los socialistas valencianos, artífices de la ley en 1995, y los sindicatos STEPV, CC OO y UGT, denunciaron ayer que los gobiernos del PP han descuidado este tipo de formación de tal manera que en sólo una década la Comunidad Valenciana ha pasado de estar por encima de la media española a situarse por debajo.

El apoyo de la Generalitat a la formación de adultos ha sido prácticamente inexistente, según coincidieron ayer los tres sindicatos y la portavoz socialista de Educación en las Cortes Valencianas, Ana Noguera. "Ni la han desarrollado ni la han aplicado", concluyó Noguera, que recordó la abstención del PP cuando el entonces gobierno socialista llevó el proyecto de ley a las Cortes.

La gran queja de los tres sindicatos y del principal partido de la oposición es el desinterés de los populares por no desarrollar y firmar el convenio general multilateral que prevé la ley, "imprescindible" para acordar los gastos, la estabilidad laboral del profesorado y, en definitiva, coincidieron ayer los presentes al acto, "dignificar la educación de adultos", que cuenta en la Comunidad Valenciana con unos 50.000 alumnos. Según subrayó Noguera, desde 1995 la Consejería de Educación no ha puesto en marcha el plan de adecuación y habilitación de los 80 centros dedicados a la formación de adultos.

De hecho, si el capítulo de inversiones de la Generalitat ascendía en 1995 a tres millones de euros, esta partida ha permanecido prácticamente congelada desde entonces y representa en 2005 unos 3,3 millones de euros. En cuanto a la apertura de nuevos centros el balance no puede ser más pobre, destacaron ayer los sindicatos y la diputada socialista. En una década se han abierto dos centros: el Giner de los Ríos de Alicante y la escuela de adultos de Sagunto.

La falta de centros y de medios está provocando la masificación de las aulas y obligando a los ayuntamientos a subvencionar cerca del 80% del gasto corriente de estos colegios si están verdaderamente decididos a mantenerlos abiertos.

"Hay muchos centros que son un ejemplo de lo que hoy denunciamos", dijo Noguera. "Ahí está el inexistente desarrollo de centros como el Alguer, de Valencia -donde se ofreció la conferencia de prensa- o el caso de Llíria, donde los alumnos se ven obligados a estudiar y reunirse en las canchas del pabellón polideportivo de esa localidad.

El profesorado dedicado a estos colectivos se encuentra además en "la más absoluta" interinidad. Según los datos ofrecidos ayer, más del 50% de los docentes contratados para la formación de adultos son eventuales. Se dan casos extremos como el centro de Petrer, donde todos son interinos, o la escuela de Canals, que retiró el segundo ciclo ante la imposibilidad del Consistorio de afrontar los gastos de profesorado.

Noguera recordó que fue Francisco Camps quien, siendo consejero de Educación, se comprometió a que los profesores de formación de adultos, que pueden ser contratados por ayuntamientos, la Diputación o la Generalitat, fueran todos transferidos a la consejería. La diputada citó el diario de sesiones de abril de 1997, donde aparece textualmente el compromiso de Camps, todavía en el aire.

Los responsables sindicales del STEPV, CC OO y UGT puntualizaron ayer que la ley aprobada en 1995 ha sido "la mejor ley que se ha hecho en materia educativa de adultos y además con un amplio consenso". Las organizaciones sindicales expresaron su deseo de que el Consell acabe cumpliendo con la ley, la desarrolle y cambie la situación laboral y económica del profesorado. De hecho, anunciaron un protocolo de negociación para todos los asuntos que quedan pendientes y que debería tener sus frutos antes de las elecciones de 2007.