Absuelto el ex presidente de la Diputación de Córdoba por prevaricación

El Juzgado de lo Penal 2 de Córdoba ha absuelto al ex presidente de la Diputación cordobesa Matías González, del PSOE, acusado de un delito de prevaricación por la supuesta contratación a dedo de su compañera sentimental, al entender que su papel fue una "mera recomendación". El PSOE instó al PP a "asumir responsabilidades" tras la sentencia absolutoria, mientras que los populares anunciaron que no recurrirán el fallo aunque no lo comparten.

La sentencia también absuelve a las otras cuatro personas que junto a González se sentaron en el banquillo de los acusados por este caso: el entonces delegado de Personal de la Diputación, José Antonio Albañir, sus dos jefes de gabinete, Santiago Aranda y Juan Díaz, actual asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como la mujer que fue contratada, María Angeles Budia.

El juez considera probado que en julio de 2000 María Angeles Budia entró en contacto con el entonces presidente de la Diputación de Córdoba, Matías González, con quien mantenía una relación de amistad desde hacia varios años. Ambos hablaron de la situación profesional de Budia, que en aquel tiempo carecía de trabajo laboral estable, manifestando González la posibilidad de que pudiera ayudarla a encontrar un trabajo.

La sentencia afirma que el entonces jefe de Gabinete de Presidencia y también acusado, Juan Díaz, manifestó al presidente la necesidad de la contratación temporal de una persona para tareas administrativas en el Gabinete de Presidencia por acumulación de trabajo, dado que una de las dos funcionarias adscritas a este departamento iba a estar de baja dos meses.

Al conocer esta circunstancia, González indicó a Díaz la posibilidad de contratar a Budia, de la que dijo que presentaba problemas psicológicos por su situación personal y laboral.

Díaz entrevistó a Budia y, tras comprobar su aptitud para el puesto, pidió al diputado de Personal y acusado, José Antonio Albañir, su contratación y le explicó las razones aducidas por el presidente. Ante esta solicitud, Albañir se entrevistó con representantes sindicales de la Mesa de Contratación y les expuso la situación, sin que ninguno de los sindicatos pusiera pega alguna.

Asimismo, el delegado de Personal firmó el decreto de nombramiento de Budia, sin que los órganos administrativos correspondientes advirtieran ilegalidad alguna ni tampoco la Mesa de Contratación, donde están representados todos lo grupos políticos.

El contrato fue prorrogado y, posteriormente, tras el cese de Díaz como jefe de Gabinete, otro de los acusados, Santiago Aranda, que lo sustituyó en este puesto, propuso la contratación de Budia para colaborar en la elaboración de un catálogo monumental de la provincia.

La sentencia afirma que la principal prueba de cargo era la supuesta relación sentimental entre González y Budia, pero que ésta "no se ha acreditado". Y añade que no se ha probado tampoco que la intervención de González "fuera más allá de la mera recomendación" de Budia.