Territorio y exclusión

El primer proyecto de ley significativo presentado por el nuevo Gobierno de la Generalitat ha sido el dedicado a mejorar los barrios que requieran una "atención especial". En el preámbulo se percibe ya un estilo distinto a aquel a que nos tenían acostumbrados los unioconvergentes. Por una parte, se circunscriben esos espacios a los cascos viejos, los polígonos de vivienda y las áreas de urbanización marginal o con muy deficientes condiciones de habitabilidad. Pero un gran acierto del proyecto es no limitarse a considerar los aspectos urbanísticos, de vivienda o de infraestructuras, y reconocer que en esos ámbitos territoriales se superponen problemas de orden muy diverso que van desde el estado de conservación de los edificios a la seguridad ciudadana, pasando por déficit de espacios públicos o equipamientos, escasas oportunidades de desarrollo económico, dificultades de acceso y la concentración de personas y grupos con necesidades especiales. Sin referirse de manera explícita a ello, se están definiendo situaciones de exclusión social.

Hace tiempo que se utilizan los términos exclusión social para definir un conjunto de factores y de carencias que van más allá del clásico concepto de pobreza. Ya no es sólo un problema de falta de recursos económicos. Lo relevante es la concatenación y el solapamiento de factores y situaciones que acaban provocando la marginalidad de personas y colectivos. Podríamos decir que la exclusión no implica sólo la reproducción más o menos ampliada de las desigualdades verticales del modelo industrial que estamos dejando atrás. Va más allá. La exclusión implica fracturas en el tejido social, la ruptura de ciertas coordenadas básicas de integración, de ciudadanía. Y en consecuencia, la aparición de una nueva escisión social en términos de dentro-fuera. A pesar de que las políticas de bienestar sigan siendo operativas, están pensadas para otras situaciones, más homogéneas, menos complejas. Y ese desencaje acaba generando que las personas o colectivos que se encuentran en esas situaciones tengan dificultad para acceder a los mecanismos de desarrollo personal previstos en los sistemas de protección.

Una simple explotación estadística nos muestra las altísimas correlaciones entre, por ejemplo, fracaso escolar, precariedad laboral, desprotección social, monoparentalidad y sexo. O bien entre barrios guetizados, infravivienda, segregación étnica, pobreza y sobreincidencia de enfermedades. Todo ello conduce hacia la imposibilidad de un tratamiento unidimensional y sectorial de la exclusión social. La marginación requiere abordajes integrales en su definición y horizontales o transversales en sus procesos de gestión. Y el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Pasqual Maragall parece situarse en esa línea. Es importante que se haya tomado esta iniciativa, ya que rompe con la tendencia del Partido Popular a considerar que los nuevos fenómenos de desigualdad y exclusión no eran de hecho problemas que requirieran políticas específicas y de nuevo cuño. La doctrina Aznar-Zaplana establecía que los marginados lo eran por no haber sabido aprovechar las oportunidades que la sociedad y la Administración les habían ofrecido. Las responsabilidades de su exclusión las tenían que buscar en ellos mismos. Ha sido un intento de despolitización drástica de la desigualdad, que quería de golpe trasladar el tema del dominio público a la esfera privada. La iniciativa del tripartito recupera la responsabilidad pública sobre ese extendido y preocupante fenómeno de la exclusión que desde la cumbre de Lisboa tiene carácter de prioridad en la agenda de la Unión Europea, reconociendo así que la exclusión es susceptible de ser abordada a partir de los valores, con la acción colectiva, la práctica institucional y las políticas públicas.

El otro aspecto de la iniciativa legislativa es el territorio. Muchas investigaciones realizadas en este campo demuestran que los fenómenos de exclusión social no pueden en absoluto desvincularse de la dimensión territorial. Las ciudades concentran muchos de los elementos y de las variables que hemos desplegado para referirnos al tema de la exclusión social. Como bien sabemos, las grandes ciudades acostumbran a atraer a nuevos pobladores en busca de oportunidades de trabajo, ofreciendo habitualmente espacios de habitabilidad deficiente en centros históricos o en la periferia urbana que permiten primeras exploraciones. En muchos casos ello se da de forma reiterativa, aprovechando conexiones con personas del mismo origen que facilitan esa inicial inserción, lo que acaba muchas veces concentrando y densificando situaciones de carencia y exclusión. Por otra parte, la ciudad amplia los márgenes de autonomía y de oportunidades, pero reduce los lazos y los vínculos de carácter comunitario, en un entorno más indiferente. Las características de este tipo de asentamiento y desarrollo de situaciones de exclusión son claramente distintas de las que se dan en contextos rurales o de ciudades o pueblos con niveles poblacionales bajos. Si la exclusión implica quedar radicalmente al margen de la gran corriente social mayoritaria, las oportunidades (a través de recursos educativos, nuevos empleos o mejoras de la vivienda o del barrio) para la movilidad social dejan de producirse. Y ello a su vez acrecienta la privación, la inseguridad y la marginalidad. Y todo ello es mucho más frecuente en las grandes ciudades y sus barrios desfavorecidos, donde van concentrándose desempleados, trabajadores de los perfiles más bajos y precarios, inmigrantes sin recursos, pobres y personas sin techo.

El proyecto, al margen de su clara oportunidad, de su altísima relevancia y del respeto para con la iniciativa municipal que puede decidir o no acudir a los fondos que se habilitarán para la mejora integral de esos barrios, deja algunos interrogantes. Por ejemplo, deja amplios aspectos muy significativos a un posterior desarrollo reglamentario; el espíritu de acción integral que establece el preámbulo no acaba de recogerse en los campos posibles de intervención, lo que puede permitir que acaben financiándose proyectos mucho más sectoriales, y tampoco acaban de concretarse las menciones a la dimensión comunitaria de las acciones o la participación ciudadana. A pesar de estos aspectos concretos, el proyecto de ley presentado y el nada despreciable hecho de que sea el primer proyecto significativo presentado por el nuevo Gobierno abren un futuro de esperanza para muchos barrios de nuestras ciudades que ven degradarse día a día su convivencia social y su hábitat diario.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB y coeditor del libro Un paso más hacia la inclusión social, publicado por la Plataforma de ONG de Acción Social