La Junta pone en marcha un sistema para evaluar la calidad del servicio prestado por cada consejería

La Junta ha buceado en las prácticas empresariales de las grandes corporaciones para encontrar "instrumentos contrastados", que le permitan mejorar la calidad del servicio que prestan sus miles de funcionarios a los "ciudadanos administrados", que ahora pasarán a ser tratados como "ciudadanos clientes". La consejera de Administración Pública, Carmen Hermosín, sintetizó así la filosofía del decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta, que establece un nuevo sistema de evaluación de la calidad de los servicios autonómicos, que debe estar totalmente implantado en 2005.

Hermosín explicó en conferencia de prensa el decreto que regula el nuevo sistema. La consejera de Administración Pública indicó que lo primero que se pondrá en marcha son las unidades técnicas de calidad, constituidas por tres profesionales especialistas, que deben estar operativas en cada una de las consejerías antes de final de año. Estas unidades de calidad serán las encargadas de evaluar el funcionamiento administrativo con la aplicación de un modelo de seguimiento diseñado para el sector público por la Fundación Europea de Gestión de la Calidad, modelo "que se sigue en muchos países de la UE", según Hermosín.

La consejera agregó que en el primer semestre de 2004 estarán redactadas y publicadas las primeras "cartas de servicios", documentos en los que cada unidad administrativa de la Junta incluirá los objetivos que se compromete a cumplir, así como indicadores de calidad (atención al usuario, niveles de satisfacción, duración de trámites). Las cartas también reflejarán los derechos de los ciudadanos y concretará como se les podrá resarcir cuando la Administración no cumpla con sus compromisos. Por último, la Consejería establecerá una serie de galardones para premiar a los funcionarios y unidades administrativas que más contribuyan a la mejora de servicios.

Además de la aprobación del decreto, Hermosín resaltó la ratificación del acuerdo para mejorar las condiciones de los 20.000 funcionarios de la administración general de la Junta, firmado ya con los sindicatos. En el acuerdo, se amplía de 16 a 20 semanas el permiso de maternidad, y se establecen nuevos para adopción internacional (tres meses), cuidados de hijos pequeños (dos horas diarias) o reducción de jornada por atención a personas dependientes.