Blasco anuncia que el Consell aprobará la LOT y reformará la LRAU

El Consell anunció ayer la puesta en marcha de un plan mediante el que a lo largo de esta legislatura pretende favorecer el acceso a 100.000 viviendas a las personas y colectivos con rentas más bajas. Más de la mitad de ellas serán de nueva construcción, según el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, quien prometió un "respeto escrupuloso de la ordenación del territorio" y una atención especial a la conservación del paisaje.

Rafael Blasco, que compareció junto con el consejero de Presidencia y portavoz del Consell, Alejandro Font de Mora, en la conferencia de prensa convocada para dar cuenta de los asuntos tratados ayer en la reunión del Ejecutivo valenciano, aseguró que los principales destinatarios del plan de acceso a la vivienda serán 160.000 jóvenes valencianos, que representarán el 80% de los receptores de las 65.000 nuevas viviendas que se van a construir. El consejero de Territorio y Vivienda explicó que en la actualidad existe un "desajuste" entre la oferta y la demanda de viviendas en la Comunidad Valenciana -que el plan pretende "corregir"-, y aseguró que su intención es que en esta legislatura la vivienda sea "el referente básico de la calidad de vida" de los ciudadanos y no un elemento de especulación o simple inversión.

Medidas como la concertación con la iniciativa social y privada de "una parte considerable de lo que hasta ahora han venido siendo viviendas de protección oficial" completarán el plan, según Blasco, quien agregó que el objetivo es que las viviendas concertadas, de unos 70 metros cuadrados, reúnan condiciones óptimas de calidad y que se establezcan medidas para facilitar la compra o el alquiler.

El plan se llevará a cabo con la ayuda de los ayuntamientos, con los que la Generalitat concertará cupos de construcción de viviendas, y será complementado, mediante la ley de Acompañamiento a los Presupuestos, con una serie de medidas y nuevos incentivos para su compra y alquiler. Blasco explicó que pretende abaratar los precios de la vivienda poniendo a disposición de quienes tienen que construirlas "unos precios más razonables del suelo del que existe en estos momentos". En este sentido, el consejero señaló que se aprovechará la modificación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y la promulgación de la ley de Ordenación del Territorio -que serán remitidas a las Cortes este mismo año-, precisamente para propiciar bolsas de suelo más baratas y repercutir de la misma manera en el precio de la vivienda.

Por otra parte, el Consell aprobó ayer el nombramiento de José Miguel Escrig Navarro como director general de Presupuestos y Gasto y el de Julián Vicente Molina como director general del Impiva. También acordó la constitución de una fundación pública que velará por la recuperación y conservación del patrimonio bibliográfico valenciano. Otra cuestión aprobada ayer es un decreto que regula la jornada de trabajo, los horarios y los permisos del personal sanitario que viene a unificar las normativas existentes hasta ahora, que en muchos casos diferían de un área de salud a otra.

Prestaciones sociosanitarias

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, que también compareció en la conferencia de prensa, anunció que en enero del próximo año quedará constituido un nuevo organismo que se encargará de todo lo relacionado con las prestaciones sociosanitarias y avanzó que a finales de este año estará elaborado un Plan Estratégico Valenciano de Asistencia Sociosanitaria.

La primera actuación del nuevo organismo consistirá en la redacción de un "plan de necesidades para detectar las demandas de los ciudadanos y ofrecer las soluciones por medio de su cartera de servicios, que se irá incrementando progresivamente, conforme a las necesidades de los usuarios", según explicó la consejera.

Los servicios de catering social, de teleasistencia y de asistencia domiciliaria, que son los primeros programas que se pretende implantar a través de este nuevo organismo, comenzarán a aplicarse mediante un proyecto piloto en un municipio de cada una de las tres provincias, que en estos momentos está en estudio. Alicia de Miguel aseguró que la "implementación" de los nuevos servicios será progresiva y que estarán en funcionamiento antes del final de la legislatura.