El PSOE revela que el GIL vendió por 2,6 millones suelo que se revendió por 15

"Los ciudadanos de Marbella tendrán que decidir el próximo 25 de mayo si quieren conservar sus equipamientos y su patrimonio o si prefieren que triunfen los bloques de cemento". La candidata del PSOE, Isabel García Marcos, puso ayer varios ejemplos de los convenios urbanísticos firmados por el grupo del GIL, que han supuesto la pérdida de suelo público para el municipio. Entre ellos destacó la cesión por 2,6 millones de euros (432 millones de pesetas) una parcela calificada como equipamiento cultural en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, que dos años después se vendió por más de 15 millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas).

El convenio urbanístico, firmado el 8 de mayo de 1998 por el entonces alcalde accidental, Julián Muñoz, contemplaba la transmisión a la empresa Proinsa de una parcela de 14.689 metros cuadrados aneja al Palacio de Congresos de Marbella por un total de 437.500.000 pesetas (2,6 millones de euros). Los terrenos aparecían calificados en el PGOU vigente como suelo para equipamiento cultural público con una edificabilidad de 17.500 metros cuadrados de techo.El 4 de diciembre de 2000 el GIL amplió a 25.000 la edificabilidad de la parcela, que pasó de equipamiento cultural a planta baja más ocho y el 50% a uso hotelero. Once días después la comisión de gobierno concedía una licencia de obras a Hoteles Playa S.A. para la construcción de un hotel, 105 viviendas y locales comerciales, con una altura de 30 metros y planta baja más nueve. Según la escritura pública de venta Hoteles Playa compró los terrenos por 2.500.000.000 pesetas (15 millones de euros).

García Marcos se refirió también a otras dos parcelas del entorno del Palacio de Congresos, próximas al emblemático hotel Meliá Don Pepe. En la primera de ellas, calificada como unifamiliar exenta, el GIL ha autorizado planta baja más siete; mientras que la segunda, destinada a parques y jardines públicos a pasado a propiedad privada. En esta zona se ejecuta además en la actualidad un edificio de nueve plantas a pocos metros del cauce del arroyo Gualdalpín. Según la candidata socialista los convenios urbanísticos tienen dos elementos diferenciadores: "el enriquecimiento de terceros y seguramente de alguien del entorno del GIL y el grave perjuicio que causa a los ciudadanos".