La parte privada de Limasa pedirá unos 36 millones de indemnización

Las tres empresas privadas que ostentan el 51% de Limasa -encargada del servicio de limpieza de Málaga- confirmaron ayer que exigirá ante los tribunales una indemnización que podría alcanzar los 36 millones de euros por el acuerdo adoptado el martes por el pleno municipal de resolver el contrato por incumplimiento. La unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC, Sando y Urbaser entiende que la decisión, adoptada por unanimidad, es "arbitraria, contraria al principio de legalidad" y la deja en "situación de indefensión al infringirse los trámites y requisitos necesarios para su adopción".

Además, sostiene que la resolución del contrato supone una "auténtica transgresión" a sus derechos, máxime cuando no ha habido advertencia alguna sobre el incumplimiento esgrimido por el Ayuntamiento, socio de Limasa con el 49%. A diferencia del rescate, la resolución no implica pago de indemnización al adjudicatario. Para Servicios Urbanos de Málaga SA, nombre de la UTE, no existe incumplimiento. La parte privada mantiene además que la "imputación genérica" del Ayuntamiento de una supuesta incapacidad de la UTE para resolver los reiterados conflictos laborales en la empresa no justifica la resolución, sobre todo ante las "continuas interferencias" en la negociación que se han producido desde el consistorio.

La concejala de Medio Ambiente, Carolina España, no teme a las acciones judiciales: "Tenemos motivos y garantías suficientes para iniciar el proceso. Los incumplimientos que han existido, se han notificado". La edil apuntó que cuando se convoque el segundo pleno -que cerrará el expediente- podría disponerse la "resolución culpable", lo que impediría a las empresas volver a contratar con el Ayuntamiento. Ayer, los trabajadores desconvocaron la huelga prevista para el domingo. Hoy la UTE los ha convocado a negociar el convenio.