Inocente o culpable

LA QUERELLA interpuesta por el fiscal general del Estado contra 25 ex directivos de Banca Catalana, entre los que se encuentra Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, posee implicaciones políticas tan evidentes que pueden desfigurar un problema en el que se ha de juzgar sobre la culpabilidad de una catástrofe financiera que puede costar a los españoles cientos de miles de millones de pesetas. Las consecuencias de este conflicto penal, nacido de presuntas irregularidades en la administración de un negocio bancario, pueden llegar a afectar a la estabilidad del sistema institucional sobre el que descansa la Monarquía parlamentaria. Las reacciones habidas en el sentido de que la querella es "una ofensa a Cataluña" o una venganza política del socialismo perdedor en las elecciones autonómicas así lo indican. Pero también es ridículo, como pretende el socialista catalán Raimon Obiols, intentar despolitizar un caso en el que se acusa al presidente Pujol de delitos que, de ser ciertos, podrían dar con sus huesos en la cárcel. La desmesurada reacción inicial de Miquel Roca, secretario general adjunto del partido del que Jordi Pujol es indiscutido líder, y sus acusaciones directas contra Felipe González, como promotor de una injusta querella, no parecen, sin embargo, fruto de factores emocionales. La tentación de responder con argumentaciones exclusivamente políticas, no exentas de demagogia, a una cuestión de Derecho Penal es obviamente tan grande como la de pretender que no debieran haberse hecho consideraciones políticas de fondo antes de dar un paso como éste. La realidad es que las dimensiones públicas y los intentos de manipulación política del asunto de Banca Catalana pueden predicarse, a conveniencia de cada cual, tanto del Gobierno de Felipe González como de las fuerzas de la oposición, tanto de los partidos catalanes que apoyan a Pujol como de las fuerzas catalanas que lo critican, tanto de quienes consideran la querella como una sucia jugada de los socialistas como de quienes acusan a los ex directivos de Banca Catalana de haber utilizado los sentimientos nacionalistas como coartada para disfrazar su mala gestión y, quién sabe si otras cosas.

LA QUERELLA interpuesta por el fiscal general del Estado contra 25 ex directivos de Banca Catalana, entre los que se encuentra Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, posee implicaciones políticas tan evidentes que pueden desfigurar un problema en el que se ha de juzgar sobre la culpabilidad de una catástrofe financiera que puede costar a los españoles cientos de miles de millones de pesetas. Las consecuencias de este conflicto penal, nacido de presuntas irregularidades en la administración de un negocio bancario, pueden llegar a afectar a la estabilidad del sistema institucional sobre el que descansa la Monarquía parlamentaria. Las reacciones habidas en el sentido de que la querella es "una ofensa a Cataluña" o una venganza política del socialismo perdedor en las elecciones autonómicas así lo indican. Pero también es ridículo, como pretende el socialista catalán Raimon Obiols, intentar despolitizar un caso en el que se acusa al presidente Pujol de delitos que, de ser ciertos, podrían dar con sus huesos en la cárcel. La desmesurada reacción inicial de Miquel Roca, secretario general adjunto del partido del que Jordi Pujol es indiscutido líder, y sus acusaciones directas contra Felipe González, como promotor de una injusta querella, no parecen, sin embargo, fruto de factores emocionales. La tentación de responder con argumentaciones exclusivamente políticas, no exentas de demagogia, a una cuestión de Derecho Penal es obviamente tan grande como la de pretender que no debieran haberse hecho consideraciones políticas de fondo antes de dar un paso como éste. La realidad es que las dimensiones públicas y los intentos de manipulación política del asunto de Banca Catalana pueden predicarse, a conveniencia de cada cual, tanto del Gobierno de Felipe González como de las fuerzas de la oposición, tanto de los partidos catalanes que apoyan a Pujol como de las fuerzas catalanas que lo critican, tanto de quienes consideran la querella como una sucia jugada de los socialistas como de quienes acusan a los ex directivos de Banca Catalana de haber utilizado los sentimientos nacionalistas como coartada para disfrazar su mala gestión y, quién sabe si otras cosas.