El fiscal del Supremo pide que se condene a Villapalos por malversar 30 millones de pesetas para evitar una querella

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó hoy una sentencia condenatoria para el ex rector de la Universidad Complutense Gustavo Villapalos por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos de los que fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en julio de 2001. Fue juzgado por indemnizar con 30 millones de pesetas a un profesor que vió anulada una sanción que le impuso la Universidad, aunque la tesis acusatoria considera que el pago se hizo realmente para evitar una querella presentada contra el ex rector por este docente. El Tribunal Supremo celebró hoy la vista pública de los recursos presentados contra la absolución por el fiscal y la acusación popular, ejercida en representación del profesor Jesús Fortea, mientras que el abogado del profesor Manuel Garrido, que fue el que cobró los 30 millones y fue responsable civil en el juicio por esta causa, se adhirió parcialmente a las tesis del fiscal. El TSJ de Madrid también juzgó y absolvió por estos hechos al ex gerente general de la Complutense Jesús Calvo Soria, que dió el visto bueno al pago.

En su día el fiscal pidió 3 años de cárcel para Villapalos y Calvo por cometer prevaricación y malversación, mientras que la acción popular sólo acusaba al ex rector y ex consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, para quien solicitó 4 años de prisión. Durante su intervención ante el tribunal, que presidía el magistrado José Antonio Martín Pallín, el fiscal del Supremo formuló ocho motivos de casación, dos de los cuales se referían al rechazo por parte del tribunal del TSJ de la recusación planteada contra dos de los magistrados que componían la Sala del TSJ que entendió de este asunto, a los que considera "contaminados" porque intervinieron en la instrucción de la causa. El fiscal alegó también que el relato de hechos probados de la sentencia debería haber señalado que los 30 millones de pesetas cobrados por Garrido estaban relacionados con la querella que éste presentó contra Villapalos, en vez de afirmar que eran consecuencia de la anulación, mediante una sentencia anterior del TSJ, de una sanción que le fue impuesta por la Universidad. PAGO BENEFICIOSO. Agregó el Ministerio Público que Villapalos y Calvo no eran competentes para realizar el pago, que además se hizo sin incoar el preceptivo procedimiento administrativo y sin que el gasto fuera posteriormente intervenido. Dijo que la sentencia utilizó un "argumento peregrino" para absolver a los acusados, al señalar que no podían ser condenados por malversar al no haberse embolsado ellos mismos los 30 millones , puesto que a su juicio la entrega del dinero "tuvo un efecto muy benéfico" para Villapalos. La acusación popular agregó que la sentencia recurrida incluye expresiones y giros gramaticales "que predeterminan el fallo absolutorio", mientras que el abogado del profesor Garrido se adhirió a cuatro de los motivos del fiscal y redundó en la irregularidad que supone que el pago no dejara constancia alguna en los archivos universitarios. Finalmente, el abogado de Calvo, Manuel Murillo, recordó que su patrocinado no conocía que existía una querella contra el rector cuando aprobó el pago al profesor de los 30 millones, mientras que el letrado de Villapalos, Ramón Hermosilla, insistió en que ese dinero no era ninguna "indemnización" para el docente, sino el salario que se le adeudaba como director de departamento, después de que el TSJ anulara la suspensión de funciones de la que había sido objeto por las autoridades universitarias.

La causa tiene su origen en la apertura por la Universidad, en 1995, de un expediente sancionador contra Garrido por dos faltas leves, que el docente recurrió y fue anulado por el TSJ de Madrid. Posteriormente, el profesor pactó una indemnización con el rector de 30 millones de pesetas, aunque según las tesis acusatorias este pago obedeció a la condición de que Garrido retirara una querella presentada previamente contra Villapalos, que por esas fechas iba a ser nombrado consejero en el primer Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.