La plantilla de un geriátrico de Vitoria cumple tres meses de huelga

La imagen de los trabajadores del geriátrico del barrio vitoriano de Ariznavarra encartelados en las puertas de la Diputación se ha hecho habitual desde que, hace cerca de tres meses, se iniciara la huelga en esta residencia pública de gestión privada. Sin embargo, lo que inicialmente era un conflicto laboral en demanda de unas mejoras salariales ha derivado en un enfrentamiento más complejo, en el que han tomado parte sindicatos, partidos, usuarios e instituciones. Mientras los familiares de los ancianos han acudido incluso al Ararteko para denunciar el deterioro de la atención higiénica y sanitaria en el centro, la Diputación alavesa, dirigida por el PP, cree que el Gobierno vasco y ELA favorecen la prolongación de esta huelga.

La residencia de Ariznavarra, de titularidad pública, está gestionada desde hace cuatro años por la empresa Quavitae, participada mayoritariamente por Caja Madrid. La Diputación, dirigida entonces por el PNV, le adjudicó su gestión por 45 años mediante una fórmula novedosa según la cual la institución foral aporta 60 euros diarios por cada uno de los 140 ancianos atendidos, que abonan mensualidades de 830 euros.

Los 105 empleados del centro, en cuyo comité de empresa está representada ELA en solitario, iniciaron a principios de diciembre una serie de paros reclamando la equiparación de sus condiciones laborales con las de los trabajadores forales de las residencias públicas. Desde entonces se han producido concesiones por ambas partes -la Diputación aumentó la plantilla en 15 nuevos trabajadores, mientras ELA rebajaba sus exigencias a Quavitae-, pero insuficientes para desbloquear el conflicto.

Arbitraje denegado

Por ello, la Diputación alavesa ha demandado al Gobierno vasco un arbitraje forzoso, medida que ha sido rechazada por la Dirección de Trabajo al entender que es una salida excepcional. ELA, por su parte, destaca que los empleados cobran sueldos próximos a los 600 euros y que la aportación foral a esta residencia es la mitad. "No pedimos la homologación con los empleados forales", puntualiza Joseba Agirre, responsable de servicios públicos del sindicato.

Para el diputado foral de Bienestar Social, Enrique Aguirrezabal, existe un "contubernio" entre el Gobierno vasco y ELA para prolongar este conflicto, y destaca que en Vizcaya los propios sindicatos han demandado el arbitraje en conflictos similares.

Entretanto, los familiares de los ancianos no se resignan a que los usuarios se conviertan en las "víctimas directas" de la huelga. Señalan que los servicios mínimos no cubren las necesidades higiénicas de los 140 residentes y aseguran que estos problemas se agravan en el módulo destinado a enfermos con demencia senil y Alzheimer, que requieren más atención. Se consideran los "conejillos de indias" de un modelo de gestión fracasado, que los actuales responsables de la Diputación subrayan que fue auspiciado por el anterior equipo nacionalista.