La ley regional de la familia ayudará tanto a matrimonios como a parejas de hecho

La Ley de Protección a la Familia facilitará ayuda a las unidades de convivencia, independientemente de que se trate de matrimonios, familias monoparentales, parejas de hecho u otro tipo de grupos unidos por vínculos de parentesco y consanguinidad. El anteproyecto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno será enviado el próximo mes a la Asamblea para su tramitación y aprobación en marzo. El texto prevé medidas en materia de educación, sanidad, trabajo, servicios sociales y economía que se concretarán en un plan plurianual.

Pilar Martínez, consejera de Servicios Sociales, explicó ayer el espíritu de este texto: "Lo que se pretende desde el Gobierno regional es adoptar cada año una serie de medidas de manera conjunta entre varias consejerías que conformen un plan global de ayudas para las familias. Para ello cada año se realizarán planes concretos a los que se dotarán de los medios económicos para llevarlos a cabo".

La ley, que está en fase de anteproyecto, establece que serán destinatarios de estas ayudas las familias formadas por las personas empadronadas en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid que convivan unidas por el matrimonio, tengan vínculos de parentesco o estén unidos por adopción, tutela, guarda legal o acogimiento familiar, o se hayan constituido como uniones de hecho.

Planificación educativa

Mediante esta ley, la Consejería de Educación desarrollará un programa por el cual se garantizará la educación infantil a niños de 0 a 6 años, tanto en centros públicos como privados concertados. Para llevar a cabo esta medida en el primer ciclo de educación infantil, y para cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea, se establece como objetivo inicial la escolarización del 40% de la población infantil de 0 a 3 años a través de la red pública de escuelas infantiles y casas de niños, tanto de titularidad de la Comunidad de Madrid como de los ayuntamientos.

La escolarización del segundo ciclo de educación infantil se hará en colegios públicos o privados concertados de educación primaria para garantizar así la gratuidad de la enseñanza de niños con edades comprendidas entre 3 y 6 años.

La ley también establece los mecanismos necesarios para facilitar el acceso de las familias a los programas de ayudas a la vivienda. Las beneficiarias serán las familias numerosas, las monoparentales, las familias con personas discapacitadas, las que tengan a su cargo mayores dependientes y aquellas cuyos ingresos no superen el límite que quede establecido en el reglamento que desarrollará la ley.

La ley también velará para que se desarrolle, en coordinación con los ayuntamientos, una bolsa de vivienda joven en alquiler que facilite el acceso de las familias jóvenes a casas en arrendamiento a precios asequibles. De igual manera se subvencionará el alquiler del primer año y la fianza legal, o un porcentaje mínimo del precio de compra en el caso de que la familia desee comprar un piso.

La Consejería de Servicios Sociales se compromete a potenciar a través de esta ley la mediación "para evitar la ruptura familiar, favorecer los acuerdos, prevenir y disminuir la conflictividad en los procesos de crisis familiares". También creará puntos de encuentro familiares que estarán atendidos por profesionales cualificados, en los que los padres separados podrán hacer entrega de sus hijos una vez hayan cumplido con el régimen de visitas establecido. En estos puntos de encuentro también podrán prestarse otros servicios, como que padres e hijos efectúen la visita en estos espacios cuando las necesidades familiares así lo aconsejen.

Mujeres maltratadas

La ley también contempla una serie de medidas para apoyar a las mujeres víctimas de la violencia sexista. Así, se les dará prioridad, por ejemplo, en los programas del Gobierno regional destinados a fomentar el empleo.

El impacto económico de este anteproyecto tiene ya reflejo en los respectivos presupuestos del año 2003 de las distintas consejerías afectadas. Si bien cada año se hará una cuantificación de estas medidas en un plan anual.

En Hacienda, por ejemplo, destaca el aumento de las deducciones fiscales por nacimiento o adopción de hijos (de 600 a 900 euros), adopción internacional (600 euros por cada hijo adoptado en el extranjero), por acogimiento familiar de menores (de 600 a 900 euros), por acogimiento no remunerado de mayores o discapacitados (600 euros) y por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 35 años (una deducción en el IRPF del 20% del importe del alquiler anual hasta un máximo de 700 euros).