La Junta insiste en buscar un acuerdo en empleo y financiación pese al "paso atrás" de Arenas

La Junta no ocultó ayer que la decisión del ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, de recurrir ante el Tribunal Supremo el viernes, en el último día de plazo, la sentencia que da la razón al Gobierno andaluz en el pago del 2% de fondos presupuestarios que retuvo la Administración central en 1997, ha puesto muy difícil el acuerdo con el Gobierno central sobre el pago de ésta y el resto de las liquidaciones pendientes y sobre el traspaso de las políticas activas de empleo. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías y la titular de Economía, Magdalena Álvarez, coincidieron en tildar de "paso atrás" el gesto de Arenas, pero también en que la Junta seguirá intentando el acuerdo hasta fin de año.

A la Junta no sólo le preocupa el recurso del Gobierno contra la sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación presupuestaria. También ha apreciado un claro retroceso en los términos en los que la Administración central quiere ahora saldar la negociación, cuya fecha límite fue fijada por Javier Arenas y el presidente andaluz, Manuel Chaves, en el 31 de diciembre. La última carta del secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga (dependiente del ministerio de Arenas) a Zarrías, hecha pública el viernes, refleja que la Administración central apuesta por retrasar el traspaso de las políticas activas de empleo al 1 de julio (en la práctica, a 2004) y por pagar año a año la liquidación presupuestaria pendiente (de 1997 a 2001). En la carta, Elorriaga mantiene que el Gobierno retirará el recurso ante la Audiencia Nacional si hay acuerdo.

"Nos parece lamentable que se haya recurrido la sentencia y que esté ahora en manos del Supremo la decisión definitiva", afirmó Zarrías en Úbeda (Jaén). El titular de la Presidencia mostró su "frustración" por la nueva propuesta de Arenas, pero se atuvo al guión decidido el viernes por el Gobierno andaluz tras recibir la carta. "Nuestra intención es alcanzar acuerdos definitivos lo antes posible" para dejar "fuera de la discusión política estos dos contenciosos", dijo el consejero, quien adelantó que esa línea se plasmará en una "contraoferta" al Gobierno en los próximos días.

Zarrías no quiso ser más explícito, apelando a la discreción que, según él, deben presidir los contactos entre las dos Administraciones. Sí que avanzó que la nueva propuesta se hará "en términos muy parecidos" a los planteados por el Gobierno andaluz en las últimas mesas de negociación. Y enfatizó que la Junta peleará porque el traspaso de las políticas activas de empleo, solicitado desde 1998 y otorgado ya a casi todas las comunidades, sea efectivo cuanto antes. "No es presentable que una transferencia que teníamos prácticamente cerrada en las conversaciones de meses anteriores se nos plantee que no se hará efectiva hasta el 1 de julio, cuando el Consejo de Ministros del viernes aprobó el mismo traspaso a la comunidad de Castilla-La Mancha", dijo.

La consejera de Economía fue más explicita al mostrar el enfado de la Junta por la nueva propuesta de Arenas. "Es una bofetada, una provocación en la que no vamos a caer", dijo Magdalena Álvarez a los periodistas en Sevilla. Y se mostró muy crítica con las formas del Gobierno: "Si quiere decirle a los andaluces que no les van a pagar tiene que hacerlo a cara descubierta, no a través de una carta que se filtre a determinados medios de comunicación".

Javier Arenas, que ayer asistió al congreso extraordinario del PP cordobés, se mostró conciliador y aseguró que el Gobierno apuesta por el diálogo. "Soy de los que piensan que un gobernante del PP tiene la obligación de entenderse con un gobernante del PSOE, estén en las institución que estén", sostuvo. El ministro de Administraciones Públicas se reafirmó en que retirará el recurso ante el Supremo si hay acuerdo, aunque eludió profundizar en el contenido de la negociación.

"Todavía no hay ningún obstáculo insalvable para llegar a un acuerdo", constató la vicesecretaria regional del PSOE, María del Mar Moreno, quien consideró el retraso en el traspaso de las políticas activas de empleo "una nueva demora que ya no se justifica". Moreno afirmó que "es obvio que no quieren transferir esta competencia hasta que no pasen las elecciones municipales".