Democracia y Constitución

A un año del 25º aniversario de la Constitución, nuestra democracia no parece que goce de muy buena salud. ¿Qué está ocurriendo?

Los datos facilitados por una encuesta realizada por el Instituto Idea a jóvenes de entre 12 y 18 años de la Comunidad Autónoma de Madrid (véase EL PAÍS del 19 de octubre) muestran síntomas preocupantes. Sólo el 32,9% de los jóvenes cree insustituible la democracia, otro 30,3% dice que sólo es válida si sabe dar soluciones. Al resto le es indiferente democracia o no (28,1%) o cree que a veces es necesaria una dictadura (8,7%). Los encuestados tienen, asimismo, una escasa confianza tanto en el Parlamento (11,2%) como en los partidos políticos (6,5%). Y dicen estar influidos por sus padres (85%), por los amigos (65%), la escuela (48,9%) y los medios (26,5%). Los principales responsables de sus opiniones serían, pues, los padres, los amigos y, en menor medida, las escuelas y los medios. Si estos resultados pueden extrapolarse al resto del país, tal como afirman sus autores, lancemos un SOS para nuestra aún joven democracia.

El 30,3% de los jóvenes dice que la democracia sólo es válida si sabe dar soluciones

Ante las opiniones de estos adolescentes tan poco valorativas de la democracia hay que preguntarse: ¿cómo la estamos evaluando personas e instituciones? ¿Qué cultura política transmitimos a los jóvenes en casa, en las aulas, en los medios? ¿Se ha efectuado un balance de los aciertos y desaciertos del periodo más democrático y participativo de la historia de este país (la mujer sólo había podido votar entre 1933 y 1936) al conmemorar los 25 años de democracia? ¿Se han evaluado los avances que hemos conseguido y se ha señalado el aún largo camino por andar?

España optó al final de la dictadura franquista por una democracia avanzada. El modelo socioeconómico tipo Estado de bienestar pactado se acuñó en la Constitución que cumplirá su 25º aniversario en el 2003. Algunos de sus principios básicos definen este modelo de forma inequívoca: 1) la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político han de presidir el ordenamiento jurídico; 2) los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia; 3) la riqueza del país debe estar supeditada al interés general; 4) los poderes públicos deben promover el progreso social y económico, la distribución de la renta más equitativa y la plena ocupación dentro de un marco de estabilidad económica. Establece también el compromiso de los poderes públicos con la educación y la cultura, la dotación de prestaciones sociales, el derecho de todos a la protección de la salud y a una vivienda digna. Se optó por un país en el que el progreso económico y el bienestar social fueran de la mano.

Hemos tenido años de bonanza económica y ayudas destacables de la UE para realizar este proyecto. Y, no sin dificultades, hemos avanzado. Pero debemos saber que si bien el índice de desarrollo humano nos sitúa en un nada despreciable 21º lugar a escala mundial, nos coloca en un no deseable tercer puesto por la cola en la UE, y que las desigualdades han estado creciendo de nuevo en los últimos años de gobierno del señor Aznar.

¿Pero cómo vamos a tener un Estado de bienestar equiparable a la media europea si los ingresos de las administraciones públicas se sitúan cerca del 40% del PIB en España y del 47% en la UE; si nuestra fiscalidad es inferior y además menos progresiva que la media europea (los impuestos sobre la renta y el patrimonio representan el 10,5% del PIB en España y el 14,3% en la UE); si España dedica el 20% del PIB a la protección social y la UE el 27,6%; si España dedica el 2,1% de los gastos en protección social a las ayudas familiares y la UE el 8,5%; si además mantenemos una tasa de paro significativamente más alta que la media europea, y si tener una vivienda digna constituye una pesadilla para la mayoría de los ciudadanos, especialmente para los jóvenes?

No obstante, según recientes encuestas del Centro de Investigacio-nes Sociológicas (CIS), el 66,3% de

los españoles considera que paga muchos impuestos, el 25% cree que en España se pagan más impuestos que en el resto de Europa y el 41% dice que no sabe o que no puede comparar los impuestos de España y de la UE. El 44,4% cree que no deben incrementarse los impuestos para aumentar los gastos en sanidad, educación, carreteras; es decir, en bienestar económico y social. ¿Por qué? Quizá porque los ciudadanos perciben que nuestro sistema impositivo no es justo (74%), que existe mucho o bastante fraude fiscal (79,6%), que el Gobierno no administra bien los impuestos (sólo el 27,7% dice que sí). Por desinformación. Por el individualismo generado por la propagación de las propuestas neoliberales aupadas por el Gobierno. En suma, estos datos traslucen una escasa confianza de demasiados ciudadanos (padres muchos de ellos) en nuestras instituciones.

¿Cuál es la difusión y el cumplimiento de la Carta Magna? Incluso la mayoría de los hijos de nuestra democracia la desconocen. En la mayor parte de los centros escolares, y de acuerdo con la enseñanza reglada, el estudio de la Constitución forma parte de aquella última parte de los programas difícil de incluir en el tempo lectivo, con lo que se le dedica el mismo tiempo o quizá menos que a la Constitución de 1837. ¿Cómo vamos a evaluar, a cumplir, a exigir que esta sociedad cumpla la Constitución si la desconocemos?

¿Cómo van a percibir los jóvenes que estamos viviendo en un mundo feliz, que los valores propios de una democracia avanzada son nuestro punto de referencia, que la democracia que tenemos ahora es mejorable, pero que la democracia es insustituible? Y aún más, ¿cómo van a transmitir nuestros jóvenes los valores democráticos que definen nuestra identidad a sus compañeros recién incorporados al país, si los desconocen? ¿Hay que lanzar un SOS por la democracia?

Carme Massana es profesora de Política Económica de la UB.