El poder de los presidentes

El 70% de los presidentes de grandes empresas españolas son ejecutivos y el 65% interviene en el nombramiento de los consejeros independientes, según el último Índice de Consejos de Administración de la consultora Spencer Stuart, presentado esta semana. Son dos rasgos que contravienen las normas de buen gobierno de las empresas, que hoy, tras la sucesión de escándalos empresariales, vuelven a estar de moda.

El 37% de los consejeros son independientes, el mismo porcentaje que el año pasado. Su número absoluto ha descendido de 363 a 342 este año

La crisis de credibilidad que viven las empresas ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el buen gobierno de las empresas. Temas como el tamaño de los consejos, el número adecuado de independientes, la división de poderes o la existencia de comisiones vuelven a tomar protagonismo. A tenor del Índice de Spencer Stuart de Consejos de Administración, los cambios en España son pequeños.

Realizado sobre 74 empresas cotizadas, entre ellas 30 de las 35 del Ibex, este índice constata que hay una tendencia a concentrar en una misma persona la presidencia de y la máxima responsabilidad ejecutiva. En el 70% de los casos analizados, el presidente es ejecutivo, lo que supone un 5% más que en el estudio del año pasado.

Los presidentes aglutinan poderes que empañan otros avances en materia de buen gobierno. Es el caso de la presencia de consejeros independientes, aquellos que no están ligados ni al equipo directivo ni a los accionistas mayoritarios. Aunque esta figura ha avanzado de forma paulatina en los últimos años, se mantiene estancada en el mismo porcentaje que el año pasado: el 37%. Su número absoluto ha bajado desde los 363 en las 75 compañías analizadas en 2001 a 342 para una empresa menos este año. Los extremos los representan Altadis -16 de los 18 consejeros son independientes- y La Seda -13 de 15-, mientras que Gas Natural, Indo Internacional y Uniland Cementera no sientan independientes en su consejo.

El perfil de estos consejeros varía: hay presidentes de otras compañías (45%); ejecutivos recién retirados (40%); profesionales (25%) y, en menor medida, catedráticos y empresarios, según la encuesta a directivos que por primera vez incluye el informe.

Además hay que tener en cuenta que muchas empresas etiquetan como independientes a consejeros que son la voz de su amo, es decir, de quien les nombra y paga. La forma en que son elegidos los independientes está lejos de ser la adecuada. El Código Olivencia, elaborado en 1998 por encargo del Gobierno y que es la norma aceptada como guía en España, recomienda que la elección de cualquier consejero se realice de acuerdo a un procedimiento "formal y transparente" y que pase por un comité de nombramientos. El 65% de las empresas reconoce, sin embargo, que sus independientes son designados por el máximo ejecutivo.

"La independencia se produce cuando se es capaz de decir que no al presidente", subraya Ignacio Gil-Casares, de Spencer Stuart. Según los expertos de esta consultora, para garantizar la independencia al menos deberían cumplirse los siguientes requisitos: que el consejero no tenga relaciones personales, profesionales o económicas con la empresa, sus directivos o accionistas significativos; tenga prestigio; se le retribuya adecuadamente sin que ese pago constituya una fuente fundamental en sus ingresos; que tengan limitada la reelección -"no deberían estar en su puesto más de 9 o 10 años", asegura Luis Ferrándiz, de Spencer Stuart-, y que hayan pasado por la comisión de nombramientos.

"Los resultados están en línea con los del año anterior, si bien se advierte más transparencia", concluye Luis Ferrándiz. El dato más alentador del índice tiene que ver con las comisiones que ayudan al consejo. La comisión de auditorías, que exige la ley financiera, se ha extendido al 77% de las empresas y la de nombramientos y retribuciones, al 74 53%.

Vistos estos resultados, la moda del buen gobierno corporativo parece por el momento más cosmética que real. La decisión de algunas compañías como BBVA, SCH o Repsol de actualizar sus compromisos con los accionistas sobre estas cuestiones y la creación por parte del Gobierno de una nueva comisión que debe hacer recomendaciones a mediados de mes puede hacer cambiar las cosas en el futuro.