Un grave problema ciudadano

El intenso encarecimiento de la vivienda en España está agravando las desigualdades sociales. La evolución del mercado inmobiliario discrimina a los ciudadanos de menores ingresos y a quienes necesitan cambiar de vivienda o acceder por primera vez a una propia.

El precio medio de la vivienda ha aumentado desde 1998 en un 63% en términos reales. Mientras, los ingresos de las familias se incrementaban en media sólo un 9,1%.

La tendencia alcista se ha acentuado durante los últimos años a pesar de las elevadas cifras de viviendas construidas en este periodo, muy superiores a la demanda. Éste es el resultado de la "política de suelo" del Partido Popular.

Las medidas del Gobierno, "liberalizadoras", han contribuido, es cierto, al aumento de la oferta de suelo urbanizable: hay ya suficiente para construir cinco millones de viviendas. Pero no han abaratado, sino todo lo contrario, el coste del suelo y la vivienda. Las expectativas creadas de revalorización de las posibilidades de la actuación pública de la Viviendas de Protección Oficial (VPO) han generado que haya mucho suelo urbanizable, sí..., pero que sea, en cambio, escaso el ya urbanizado y a coste asequible.

Se han reforzado desde el Gobierno las facultades de los propietarios de suelo hasta sus máximos extremos, debilitando en consecuencia la potestad de la Administración para impedir la especulación tal como manda, expresamente, la Constitución.

Con las normas aprobadas por el Partido Popular se ha impedido a las administraciones obtener suelo para patrimonio público con destino a promociones de viviendas protegidas y suelo urbano para dotaciones públicas, ya que se ha incrementado notablemente su coste con respecto a los valores que determinaban las leyes estatales anteriores.

La escasez de viviendas accesibles afecta, sobre todo, a los jóvenes, retrasando su emancipación. Y dificulta en la práctica el acceso a las familias de menores ingresos. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de sus ingresos que debe destinar una familia para una vivienda ha pasado del 32,2% en 1998 al 48% en 2002.

Desde la Comisión de Urbanismo y Patrimonio Histórico-Cultural vamos a plantear una serie de medidas al Gobierno para que revise en profundidad su política de vivienda y suelo, y reconsidere su actitud, ya que ni tan siquiera reconoce la gravedad del problema. Una gravedad que va a más, a pesar de la desaceleración económica, y que cada día afecta a más ciudadanos. Porque la falta de viviendas asequibles, especialmente para los jóvenes, y el endeudamiento atroz que supone para muchas familias españolas comprar una vivienda, no es ya una cuestión de sectores sociales marginales. La escasez de suelo a coste compatible con el precio legal de la VPO, entre otras circunstancias, y la reducción del gasto público en viviendas protegidas, exigen alternativas y reformas, consensuadas e innovadoras, que no pueden tardar.

Alfredo Sánchez Montesirín es alcalde de Sevilla y presidente de la Comisión de Urbanismo y Patrimonio Histórico-Cultural de la FEMP