El juez expulsado por atrasos y rehabilitado pide la jubilación por incapacidad física

El Consejo General del Poder Judicial estudiará hoy una propuesta de jubilación por incapacidad permanente del magistrado José Manuel Lizasoain Sasera, el único que ha sido expulsado de la judicatura por 'retrasos escandalosos' tras estar tres años sin dictar una sola sentencia y que después fue reintegrado a las tareas judiciales por decisión del Tribunal Supremo. En la actualidad se encuentra otra vez suspendido de funciones por un año, también por retrasos injustificados. El vocal ponente de la resolución, Agustín Azparren, propone su jubilación forzosa por incapacidad permanente.

Al Tribunal Supremo le pareció 'insólito y desproporcionado' que se expulsase a un juez de la carrera judicial pese a que, según un informe del ministerio fiscal, el entonces juez de Leganés José Manuel Lizasoain llevase tres años -desde octubre de 1987 hasta el verano de 1990- sin dictar sentencias, y desde 1988 sin celebrar ningún juicio.

Ante las quejas de los ciudadanos de Leganés, el juez Lizasoain acabó siendo expulsado de la carrera judicial en 1991. El Poder Judicial tuvo que disponer tres jueces de apoyo para desatascar el juzgado número 1 de Leganés. 'El juzgado lo hundió [Lizasoian], lo dejó roto, destrozado', manifestó entonces Mario Pestana, uno de los magistrados que tuvo que ponerlo al día.

Sin embargo, en 1999, el Tribunal Supremo, en sentencia del magistrado Vicente Conde Martín de Hijas, consideró 'absolutamente insólita' y 'desproporcionada' la expulsión de Lizasoain pese a reconocer sus 'incuestionables'retrasos.

En consecuencia, limitó la sanción a un año de separación del servicio y ordenó abonar al juez alrededor de 50 millones de pesetas por los salarios que había dejado de percibir durante los otros siete años que permaneció expulsado.

Nuevos retrasos

En marzo de 2000, Lizasoain fue destinado a la Audiencia de Badajoz, con sede en Mérida. El pasado 24 de julio, el pleno del Consejo General del Poder Judicial le impuso otra sanción de suspensión de funciones por un año, también debida a 'retrasos injustificados' en administrar justicia, según informaron fuentes del organismo. La sanción es efectiva desde el pasado 6 de septiembre.

Sin embargo, Lizasoain ha pedido la jubilación por incapacidad, adjuntando un informe clínico sobre diversas alteraciones patológicas, cardiológicas, oncológicas y neurológicas de tipo permanente que le impiden desarrollar sus actividades profesionales.

La jubilación por incapacidad se entiende sin perjuicio de que el juez pueda ser rehabilitado y volver al servicio activo si posteriormente se acredita que ha desaparecido la causa motivadora, según el artículo 387.3 de la ley orgánica del Poder Judicial.