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LA HUELGA GENERAL DEL 20-J

Méndez y Fidalgo denuncian coacciones contra los trabajadores

UGT y CC OO se querellarán contra las empresas que coarten el derecho de huelga

Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez y José María Fidalgo, denunciaron públicamente ayer que han recopilado 'miles de coacciones' que muchas empresas están realizando para impedir que sus trabajadores puedan ejercer 'pacíficamente' el derecho de huelga. Méndez y Fidalgo dicen tener información de empresas que han llegado a amenazar a sus contratados temporales con no renovarles el contrato si participan en el 20-J.

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Cándido Méndez y José María Fidalgo lanzaron ayer una seria advertencia al Gobierno y a las empresas que tengan la tentación de coartar el derecho de huelga. 'Al igual que vamos a llevar a los tribunales al Gobierno también lo haremos con las empresas que intenten boicotear los derechos de los trabajadores', advirtió Méndez. Tanto él como Fidalgo resaltaron que las presiones que los empleados están recibiendo en esta huelga general superan con mucho las conocidas en paros generales anteriores. 'Da la sensación de que Aznar tuviera arrancada la página del artículo 28 de la Constitución', que es el que recoge el derecho de huelga.

El contrato temporal es el arma que, según los sindicatos, más están utilizando los empresarios. 'Hay miles de personas que tienen un piquete terrorífico: el de su contrato', afirmó Josep María Alvarez, secretario general de UGT en Cataluña, informa Laura Sali.

Sólo en Madrid, Comisiones Obreras ha recopilado ejemplos como los siguientes: tienen documentado -y han facilitado esa documentación a este diario- cómo varias empresas muy conocidas han exigido a sus trabajadores que comuniquen, previamente y por escrito, si iban o no a hacer huelga el día 20. En algunos casos, esas empresas han remitido una carta a sus empleados en la que les comunican que tienen la obligación legal de hacer explícita de antemano esa decisión de participar o no en la huelga.

Los servicios jurídicos de las centrales mantienen que esa declaración de intenciones previa es 'absolutamente contraria a derecho', pues son las empresas las que tienen la obligación de comunicar a sus trabajadores cuáles son los servicios mínimos a cumplir. En varias de las misivas entregadas por estas empresas a sus empleados se justifica la reclamación de pedirles de antemano si participarán o no en la huelga porque ellas deben informar a la Seguridad Social, aunque ello sólo debe hacerse a fin de mes.

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Desde el punto de vista legal, es cierto que durante el día de la huelga queda suspendido el contrato de trabajo y hay que descontar el salario de ese día y las prorratas de pagas extras. Y que también se está en situación de alta especial en la Seguridad Social. Pero todo esto no implica, en ningún caso, quedar sin asistencia sanitaria y la Seguridad Social garantiza la total 'confidencialidad' de los datos de los trabajadores.

Otra de las 'coacciones' que los sindicatos tienen 'acreditada' es la negativa de varias empresas a permitir la celebración de asambleas para discutir y votar la huelga. Un ejemplo extremo de estas actitudes se resume en varias conocidas empresas que han comunicado a sus empleados que el gerente irá a recogerles o que deben responsabilizarse entre ellos para acudir ese día en coche propio al trabajo. O, incluso, que la empresa les pagará el taxi si no pueden encontrar otro medio de transporte para acudir a su lugar de trabajo.

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