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El PP rechaza culpar a los clubes de fútbol por sus hinchas violentos

El Gobierno alega que esa legislación excede a sus competencias

El pleno de la Asamblea rechazó ayer, gracias a la mayoría absoluta del PP, una proposición no de ley del PSOE para endurecer las sanciones a los autores de hechos violentos en torno a espectáculos deportivos. La propuesta exigía que los clubes fueran responsables de los actos de sus hinchas y que tuvieran prohibido financiar a los violentos. El PP replicó que parte de lo pedido por el PSOE ya está legislado, y que el resto excede a sus competencias.

Todos -PP, PSOE e IU- están de acuerdo en que hay que acabar con la violencia deportiva, especialmente en el fútbol. Y todos -PP, PSOE e IU- creen que hay que endurecer las sanciones a aquellas personas que han hecho de la agresión un elemento más del espectáculo deportivo.

Pero los grupos que componen la Asamblea de Madrid fueron incapaces ayer de acercar posiciones. Contagiados tal vez por el ambiente, los parlamentarios hubieron de ser recriminados por el presidente, Jesús Pedroche, que les pidió calma y cortesía.

El PSOE reclamaba convenios entre el Gobierno regional y los clubes de fútbol que permitieran, entre otras cosas, identificar a los violentos, expulsar a los socios que incurrieran en estas prácticas, prohibir la financiación a hinchas ultras o responsabilizar a los clubes de las agresiones que realizaran grupos de aficionados.

También proponía sancionar a los clubes por la presencia en las gradas de simbología racista, xenófoba o anticonstitucional y hasta establecer la obligación de que los violentos se presentaran en las dependencias gubernativas o judiciales durante las horas de celebración de un partido.

El PP argumentó que, en cuanto al asunto de la simbología, ya se encontraba legislada la prohibición de signos de carácter xenófobo o racista, y que la pretensión de 'recoger' a la hinchada agresiva durante la celebración de un acontecimiento deportivo requería de una ley orgánica que excede las competencias de la Comunidad y que entra en el ámbito del Congreso.

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Los populares propusieron un nuevo texto en el que se limitaban a instar al Gobierno regional a exigir el estricto cumplimiento de la legislación vigente en esta materia, 'en colaboración con las distintas administraciones y las asociaciones deportivas'. Además, encargaba al Ejecutivo regional que se dirigiera al Gobierno de la nación para que 'continúe con el incremento de las medidas y controles preventivos de la violencia en los estadios de fútbol y, en su caso, un endurecimiento de las correspondientes sanciones'.

El socialista Óscar Iglesias, que defendió la iniciativa del PSOE, consideró que el texto alternativo no era suficiente. Y, aunque Manuel Troitiño, del PP, ofreció la elaboración de uno nuevo en el que se recogieran algunos aspectos de su propuesta inicial, Iglesias terminó rechazando las enmiendas del PP. Era una manera de condenar al fracaso su propia iniciativa. De hecho, ésta fue rechazada por 48 votos frente a 43.

Atroz racismo

Iglesias leyó ante los diputados frases de un atroz racismo recogidas de páginas web de las hinchadas de los grandes equipos de fútbol. Y leyó también parte de la legislación existente, que, evidentemente, bastaría con aplicar a rajatabla para atajar la violencia en el mundo del deporte.

Izquierda Unida aprovechó para criticar lo que su diputada Dolores Ruano calificó como 'falta de decisión y efectividad' de la lucha contra la violencia que rodea los espectáculos deportivos. Ruano dejó en el aire varias preguntas: '¿Dónde consiguen los violentos las armas? ¿Dónde están los controles sobre ellas? ¿Quién les facilita el acceso a los estadios? ¿Quién y por qué les financia?'.

De otros jóvenes se habló también en la Asamblea. El consejero de Educación, Carlos Mayor Oreja, anunció que el Gobierno regional ha decidido presentar en la Cámara una modificación de la Ley de Constitución del Consejo de la Juventud -apro-bada en octubre de 2000- para 'garantizar la participación libre y plural de todas las asociaciones juveniles y potenciar el carácter participativo y consultivo del Consejo'.

El PP ha denunciado que el Consejo de la Juventud rechaza a instituciones ligadas a la Iglesia, después de que el pasado 13 de abril este organismo consultivo e independiente votara en contra de que la Delegación Diocesana de Juventud pasara a formar parte de él, a pesar de cumplir con los requisitos formales.

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