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El PP instalará los nuevos parquímetros en cuatro distritos cuando pasen las elecciones

IU afirma que los populares retrasan la implantación porque es 'impopular'

El Ayuntamiento instalará el nuevo sistema de parquímetros en parte de Salamanca, Tetuán, Chamartín y Arganzuela en octubre de 2003, después de las elecciones municipales. Los vecinos de estos cuatro distritos no tienen sistema de ORA y, por tanto, no tienen que pagar ahora por aparcar en su zona. Izquierda Unida criticó ayer en el pleno que el PP retrase los parquímetros en estos distritos hasta después de las elecciones porque la medida es 'impopular'. El edil de Hacienda, Pedro Bujidos, replicó que los vecinos tendrán ahora asegurada la plaza de aparcamiento.

El Ayuntamiento instalará los parquímetros de forma progresiva en las calles de la capital. En octubre de este año empezará, previsiblemente, a implantar 40.000 plazas reguladas por este nuevo sistema de aparcamiento en la actual zona ORA, que abarca, sobre todo, la almendra central de la capital. Un año después, en otoño del año próximo, los parquímetros se extenderán en otros distritos: parte de Salamanca, de Tetuán, de Chamartín y de Arganzuela. Los residentes de estas zonas no tienen que pagar ahora por aparcar, porque no tienen zona ORA.

El concejal de IU Gerardo del Val criticó ayer que el gobierno local implante los parquímetros en estos cuatro distritos después de las elecciones municipales (se celebrarán en junio del año que viene). 'Ustedes han retrasado los parquímetros en estos distritos hasta después de las elecciones porque saben que es una medida impopular', afirmó Del Val. El concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, replicó que los vecinos de las nuevas zonas reguladas de estacionamiento 'están deseando que se implanten los parquímetros para poder encontrar estacionamiento'.

Además, el concejal de Movilidad Urbana, Sigfrido Herráez, explicó que la instalación de los parquímetros se tiene que hacer de forma progresiva, 'porque es una medida muy importante que hay que hacer poco a poco'. 'No es una medida electoralista. Entendemos que es un servicio al residente, que tendrá que pagar una cantidad simbólica al año (21,6 euros) a cambio de tener garantizada una plaza de aparcamiento', añadió Herráez.

Los parquímetros dividirán las calles de la capital en dos zonas: el 75% de las plazas serán para los residentes (pintadas de azul), y el resto, para los conductores de paso (pintadas de verde). PSOE e IU han criticado que la gestión del sistema de aparcamientos se vaya a hacer desde la empresa privada.

Además, el pleno aprobó convocar por segunda vez -la primera, el concurso quedó de-sierto- la construcción de un aparcamiento subterráneo en la plaza de Herradores, junto a la plaza Mayor. Cada plaza de aparcamiento costará 18.000 euros a los residentes.

En el pleno municipal de ayer se debatieron otros asuntos:

- Cuenta del alcalde. El PP rechazó una propuesta del Grupo Municipal Socialista en relación al control de los gastos privados del alcalde, José María Álvarez del Manzano. La concejala socialista Ruth Porta exigió que el Ayuntamiento adopte medidas para 'regular los gastos del alcalde'. 'Las irregularidades en la cuenta restringida ya están subsanadas', replicó el edil de Hacienda, Pedro Bujidos.

- Fiestas en Fuencarral. PSOE e IU criticaron que el Ayuntamiento cediese en junio de 2000 el parque público de la Vaguada (distrito de Fuencarral) para celebrar el Festival de las Naciones, acto en el que se cobró entrada a los vecinos. 'Una empresa que hace un uso lucrativo de un parque público tiene que satisfacer una tasa, algo que no se ha hecho', denunció la concejala socialista Marta Rodríguez-Tarduchy. 'Ese evento no costó nada al Ayuntamiento, se gestionó correctamente y conforme a la legalidad', contestó el concejal del PP y portavoz en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, Carlos Izquierdo.

- Contrato de basuras. El pleno aprobó la convocatoria del concurso para la recogida de basuras en los distritos periféricos. El Ayuntamiento pagará a las empresas privadas ganadoras 72 millones de euros anuales durante diez años prorrogables. La oposición criticó el contrato porque lo considera una 'hipoteca para las arcas municipales'.

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