Homs y Rius admiten haber dado 240 millones de euros a L'Aliança sin conocer sus cuentas

El Gobierno catalán ha desembolsado 240 millones de euros (40.000 millones de pesetas) en los últimos cinco años en subvenciones a L'Aliança, en virtud del concierto que esta entidad tiene con el Servicio Catalán de la Salud (SCS), sin poder conocer las auténticas cuentas de la mutua debido a las 'dificultades para colaborar' planteadas por la anterior dirección. 'No se puede ir dando subvenciones a fondo perdido sin poder contrastar la facturación de la entidad', confesaron ayer en el Parlament el consejero de Economía y Finanzas, Francesc Homs, y el de Sanidad, Eduard Rius.

En su comparecencia, a petición propia, ante el Parlament para explicar la intervención de la mutua por la Generalitat, Homs exclamó: 'No me pregunten qué nos costarán la solvencia y la continuidad de L'Aliança. A mí me preocupa lo que ya nos ha costado'.

Tanto Homs como Rius cuantificaron globalmente las subvenciones de los últimos cinco años en 240 millones de euros. Aun así, las cuentas del concierto con L'Aliança en este periodo arrojarían una cantidad algo inferior: 195,33 millones de euros (32.500 millones de pesetas), ya que ambos consejeros insistieron en que la media anual de las ayudas desembolsadas en este quinquenio ha sido de algo más de 39 millones de euros (casi 6.500 millones de pesetas).

'Insuficiente actividad'

La antigua dirección de la entidad, que fue destituida, aún quería más. Sostenía que la Generalitat ha estado negando a L'Aliança 500 millones de pesetas anuales que le corresponderían por el plan de potenciación de la entidad firmado por ambas partes para el periodo 1998-2002. Este plan preveía unos ingresos procedentes de la Administración de 42 millones de euros (casi 7.000 millones de pesetas) al año. Pero Sanidad sostiene que la actividad que realizaba L'Aliança era 'insuficiente' y, por tanto, no valía esa cantidad. 'Si hubieran hecho más, claro que habríamos estado dispuestos a pagar más', aseguró ayer Eduard Rius.

Con la determinación de no continuar subvencionando una entidad con cuentas fantasma, Homs y Rius defendieron el hecho de que la Generalitat no haya tomado hasta ahora el control de la mutua, que, según el consejero de Economía, ha resultado encontrarse en una 'crítica situación' desde el punto de vista financiero pese a las cuentas que presentaba.

La oposición no cuestionó la intervención ni la destitución del anterior equipo directivo, encabezado por Ramón Carranza. Los grupos de la oposición sí criticaron que el Gobierno catalán 'no hubiera intervenido antes' la entidad, teniendo en cuenta las irregularidades detectadas en la facturación y en la gestión y, sobre todo, considerando la presencia intermitente de inspectores de la Generalitat desde la anterior intervención, que duró hasta enero de 1999, y las posteriores inspecciones, con sus correspondientes medidas cautelares. Los partidos de izquierda llegaron a acusar a la Generalitat de 'corresponsabilidad' en la situación actual de L'Aliança.

ERC incluso sugirió crear una comisión de investigación para aclarar la situación de L'Aliança.

Homs y Rius admitieron que no podían 'contrastar la facturación' de una entidad que al menos durante dos años consecutivos arrojó beneficios (en 1997, el beneficio de explotación fue de 8,6 millones de euros -1.431 millones de pesetas- y en 1998, de 4,1 millones de euros) y que siguió pidiendo subvenciones. Los consejeros se defendieron de las críticas de la oposición alegando que 'las liquidaciones de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 no estaban cerradas' por desacuerdo con sus gestores. Homs agregó que L'Aliança debería devolver hoy 18 millones de euros.

El Gobierno catalán continuó bombeando ingresos a L'Aliança cuando, según Rius, ésta ha facturado indebidamente al menos ocho millones de euros al Servicio Catalán de la Salud por pacientes atendidos en su condición de mutualistas. La facturación irregular supondría entre el 30% y el 40% del total. 'Las reclamaciones no pueden hacerse sobre indicios, sino sobre realidades probadas', subrayó Homs para justificar la tardanza en la intervención. La inspección que la originó se abrió 'a menos de 24 horas' de que a Economía le llegaran los indicios de irregularidades, el pasado febrero.

Otra de las 'contradicciones' de la antigua dirección desveladas por el consejero de Economía es la existencia de contratos blindados para 'cuatro, cinco o seis directivos, con firmas cruzadas' entre ellos por valor de hasta 2,4 millones de euros (400 millones de pesetas), contratos que se intentarán negociar con los ejecutivos afectados. 'Si no hay acuerdo, se irá a magistratura', dijo Homs, quien concretó el caso de la ex presidenta Susanna Martín, cuyo despido costaría 901.518 euros (150 millones de pesetas).

Este 'equipo compacto', que compaginaba cargos en la mutua y sus participadas con su presencia en el Consejo de Administración, se ha gastado además, en los últimos tres años, cerca de 2,5 millones de euros en asesores jurídicos, precisamente para plantar cara a la Generalitat, a la que lleva acusando al menos desde 1999 de querer controlar la mutua.

Homs subrayó que no se venderán los activos de la mutua a ninguna empresa privada, y señaló que la intervención se ha hecho necesaria para cumplir con la actual ley de mutualidades, que fija una serie de indicadores de solvencia, de fondos de garantía, de fondos de maniobra y de normas para proteger este tipo de entidades y a sus mutualistas, que en el caso de L'Aliança 'saltaron por los aires'. El patrimonio social de la mutua se halla en un estado deficitario de 6,9 millones de euros; el margen de solvencia, en menos 1,8 millones de euros y el fondo de garantía es negativo en 9,4 millones de euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 10 de abril de 2002.

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