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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

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Entradilla Larga

El PSOE, Izquierda Unida y los seis partidos políticos que integran el Grupo Mixto presentaron ayer un recurso de inscontitucionalidad contra la Ley Orgánica de Universidade (LOU), aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre y que ya se ha empezado a aplicar. Esta nueva norma salió adelante en la Cámara Baja gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, que recibió el apoyo de sus socios de Coalición Canaria y de CiU.

El resto de los partidos políticos con representación en el Congreso presentaron enmiendas a la totalidad de esta ley y los socialistas la acompañaron además con un texto alternativo. Estos partidos han decidido mantener su oposición a esta reforma universitaria y están convencidos de que recoge aspectos 'inconstitucionales'. Entre ellos, el portavoz socialista, Jesús Caldera, destacó la 'discriminación de las universidades públicas frente a las privadas' y la 'injerencia política para dominar la universidad', ya que la ley permite que pueda haber representantes políticos en el órgano de gobierno de las universidades, el Consejo de Gobierno.

La responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, resaltó otro aspecto: 'La discriminación que supone respecto a los centros públicos y privados que esta ley permita sólo a la Iglesia Católica crear universidades sin necesidad de se reconocidas por una ley de la respectiva comunidad autónoma'. Para la creación de nuevos centros, la norma señala que los que establezca la Iglesia Católica solamente deben contar con el visto bueno de la Gobierno autonómico. Otro de los aspectos recurridos de la LOU es que remite 'a reglamentos posteriores numerosas cuestiones relacionadas con derechos fundamentales (como la autonomía universitaria) y que, según señala la Constitución, deben regularse por ley', explicó Chacón. Entre los puntos polémicos de esta ley figura también que el consejo social (el órgano de representación de la sociedad en la universidad) podrá decidir las condiciones que debe reunir un estudiante para pasar de un curso a otro.

El coordinador general de IU; Gaspar Llamazares, avisó ayer de que el trámite de la ley 'no ha terminado' y explicó que el objetivo del recurso es 'deconstruir' la reforma mediante la acción de los ciudadanos y de los tribunales. Durante la última fase de tramitación de esta ley, en el último trimestre del pasado año, miles de estudiantes, profesores, personal de administración de las universidades y rectores protestaron en la calle en manifestaciones apoyadas por los partidos que se opusieron a la LOU en el Congreso y en Senado.

Las seis comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Navarra y el País Vasco han anunciado que también recurriran esta ley al Constitucional.

Mientras, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, continúa con el desarrollo de la ley. El lunes de la semana pasada envió a todos los miembros del Consejo de Universidades -ya que el nuevo Consejo de Coordinación Universitaria aún no está constituido- para su debate el borrador del primer real decreto que desarrolla esta ley, el que regula la prueba de habilitación que deberán superar los profesores que quieran acceder a una plaza de titular o catedrático.

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