Magro defiende la legalidad de los juicios mediante videoconferencia

El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, considera que el actual marco legislativo ofrece 'suficientes garantías procesales' para la celebración de juicios mediante el sistema de videoconferencia. La opinión del magistrado choca con la del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, que ha remitido una circular a todas las fiscalías instando a los representantes del ministerio público a que se opogan a los juicios por ese sistema porque, según él, no garantizan los principios jurídicos de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad.

No obstante, el titular de la Audiencia de Alicante, que descarta un enfrentamineto entre esta institución y la Fiscalía General, ha elevado una consulta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la 'viabilidad legal' de la celebración de vistas orales por este sistema. Magro ha planteado su consulta ante la inminencia del jucio por el motín de la prisión de Fontcalent que la Audiencia tenía previsto celebrar con esta fórmula, dada la peligrosidad de los acusados. Por estos hechos ocurridos en la prisión alicantina en 1990 están procesados 22 reclusos considerados 'muy peligrosos'.

Aparte de otros argumentos jurídicos, Magro considera que 'razones de excepcionalidad justificarían también la utilización para este juicio de la declaración de los acusados por el sistema de la videoconferencia, ante la especial consideración del mismo como especialmente peligroso, aparte de no tener disponibilidad física en la sala'.

Para el presidente de la Audiencia de Alicante, los principios de publicidad, contradicción, oralidad e inmediación 'están absolutamente garantizados', por la presencia física de un secretario judicial en el lugar donde declaren los procesados y, por tanto, se cumple el principio de dación de fe pública judicial que conlleva el respeto de las garantías procesales. Magro subraya también que el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite el uso de medios técnicos, informáticos y telemáticos por los órganos judiciales.