La juez cierra el 'caso Olot' a los nueve años de terminar el secuestro

La juez de Olot, Pilar Castillo, considera que en las más de 10.000 páginas del sumario del caso Olot hay pruebas suficientes para procesar a ocho personas por el delito de detención ilegal de la farmacéutica de Olot Maria Àngels Feliu, que estuvo retenida en un diminuto zulo durante algo más de 16 meses. La juez ha cerrado el sumario tras nueve años de instrucción. Entre los procesados incluye, además de la banda de secuestradores que confesó su participación en el delito, a Joan Casals y Xavier Bassa, que ya fueron procesados antes de la liberación de Feliu y llegaron a ser acusados de su asesinato.

La juez acusa también a Montserrat Teixidor, la esposa de Ramon Ullastre, el vigilante de Sant Pere de Torelló que ocultó a Feliu en un zulo de su casa. El auto judicial no encuentra verosímil que su joven esposa ignorase durante 492 días que la secuestrada se hallaba debajo de su casa.

El relato de los hechos mantiene que Ramon Ullastre y el policía municipal de Olot Antonio Guirado idearon el secuestro y reclutaron, cada uno por su lado, a los demás participantes. En el llamado 'grupo de la Garrotxa', que tuvo como misión recabar información y prender a Feliu, estaban además de Guirado, el también policía de Olot José Zambrano, que luego falleció, y José Luis Paz. Ullastre, por su parte, formó el 'grupo de Osona', encargado de custodiar a la víctima, en el que participaron Juan Manuel Pérez Funes, entrenador del Vic y a quien se atribuye el acondicionamiento del zulo, y el camarero Sebastián Comas, alias Iñaki, cuidador de la farmacéutica.

Seis meses de vigilancia

Los secuestradores realizaron un 'seguimiento y vigilancia de su objetivo' que duró más de seis meses. Esta tarea recayó fundamentalmente sobre el policía municipal Àngel Guirado. Durante este tiempo, Guirado se reunió al menos tres veces con Ullastre, reuniones a las que acudieron algunos de los que posteriormente participarían en el secuestro. El relato judicial desvela que se produjeron dos intentos fallidos de secuestro y que el grupo encabezado por Ullastre acudió por dos veces al lugar donde debían recoger a Maria Àngels Feliu sin que el otro grupo, encabezado por Guirado, apareciera con la secuestrada.

La juez reconoce que los procesamientos de Guirado, Ullastre, Paz y Comas se basan principalmente en su propias declaraciones inculpatorias 'y no contradictorias en lo esencial'. A pesar de que dedica casi una tercera parte del auto a detallar numerosos indicios y coincidencias que inculpan a Casals y Bassa, su participación no acaba de encajar en el relato pormenorizado del secuestro. A pesar de que los secuestradores confesos no reconocen a Casals y Bassa como participantes en el secuestro y que incluso manifiestan no conocerles, eso 'no desvirtúa los indicios racionales de criminalidad', según la juez.

Además de los previsibles recursos de todos los acusados contra este auto de procesamiento común, también Maria Àngels Feliu apelará, puesto que pretende que se añada el delito de 'lesiones graves' a las acusaciones que pesan sobre los inculpados.

Este delito añadiría unos seis años más de cárcel a los 10 o 15 que les podría acarrear el delito de detención ilegal. Entre las secuelas fruto del cautiverio, el forense halló atrofias musculares, hormonales, síndrome de estrés postraumático y trastornos de estado de ánimo, insomnio, miedo, angustia y sensación de ser observada permanentemente. También se reconoce que sufrió el 'síndrome de Estocolmo' hacia Iñaki, el secuestrador que le proporcionaba comida y conversación. El auto describe las precarias condiciones del zulo: 160 centímetros de ancho, 170 del alto y 160 de largo; sin luz, con bastante humedad y filtraciones de agua.

Maria Àngels Feliu confesó ayer a su letrado que está 'contenta' de la resolución judicial porque es consciente de que es el paso previo al cierre del sumario y al consiguiente juicio. Carles Monguilod aseguró ayer que si la juez se basa únicamente en la declaración del confidente Francisco Evangelista para procesar a Casals y Bassa es muy posible que Maria Àngels Feliu renuncie a acusar a estos dos primeros procesados. El letrado recordó ayer que Feliu tiene una querella contra Evangelista por asegurar que la farmacéutica se autosecuestró. 'Para nosotros la credibilidad de este testigo es cero', añadió.

El juicio podría llegar a celebrarse coincidiendo con el décimo aniversario del secuestro, en torno al 20 de noviembre de este año, y, según fuentes judiciales, dado el número de acusados, testigos y diligencias, se prolongaría más de 30 días.

La juez requiere que los ocho procesados depositen cada uno una fianza de 601.012,10 euros (100 millones de pesetas) antes de 24 horas y que si no cumplen se les embargue patrimonio para cubrir dicha cantidad.

A pesar de que Montserrat Teixidor no ha sido inculpada por ninguno de los procesados, la juez advierte que acompañó a su esposo a todas las reuniones en las que se planificaba el secuestro. También encuentra inverosímil que no se percatara de que en su casa había un equipo de radio conectado permanentemente con un cable de altavoz que salía por la ventana y se adentraba en la trampilla del sótano. Uno de los altavoces de este aparato era todo el contacto con el exterior que tuvo Feliu en su largo cautiverio.