'Enfrentarse al Gobierno no conduce a ninguna parte'

La pasada semana el Parlament aprobó por unanimidad la Ley de Cooperación, un proyecto que salió del Departamento de Gobernación, que encabeza Núria de Gispert (Barcelona, 1949), y que consagra una vieja aspiración: dedicar el 0,7% de ingresos a cooperación. A De Gispert, que anteriormente pasó por el Departamento de Justicia, siempre la ha acompañado el aura de mujer progresista que se plasma en ejemplos como la ley de parejas de hecho.

Pregunta. Usted fue muy crítica con algunos aspectos del informe Roca de reorganización territorial de Cataluña. ¿En qué ha quedado este informe?

'Un enfrentamiento sólo sería válido si lo que planteáramos fuera reformar la Constitución. Pero primero hay que agotar sus potencialidades' 'Nosotros queremos un Senado en el que Cataluña tenga voz propia. Ya tenemos suficiente 'café para todos'

Respuesta. En eso mismo, en un informe de un grupo de expertos. Siempre he dicho, a pesar de que después se insistió en que había querido cerrar o matar el informe Roca, que la comisión cumplió con su trabajo aportando unas pautas técnicas y científicas. A partir de ahí era muy importante escuchar la voz del territorio. Y eso es lo que he hecho: escuchar su voz y saber qué asuntos del informe podían ser viables. Alcanzar otro modelo territorial es un proceso que requiere tiempo y consenso.

P. Tal vez uno de los errores fue no haber escuchado antes la voz del territorio.

R. No se les pidió eso, sino un informe a partir de sus conocimientos o experiencia teórica. Quizá se sintieron un poco atados por este mandato.

P. Pero fueron más allá.

R. A veces la técnica no está acompañada de la política, pero se necesita un informe aunque sea para desmenuzarlo. La fusión de pequeños municipios tal vez tenía algún sentido desde el punto de vista racional, pero no desde el político o el de los sentimientos. Desde el Gobierno entendimos que no era una buena propuesta y lanzamos un mensaje de tranquilidad. Las fusiones deben ser voluntarias.

P. Uno de los objetivos de la reorganización territorial es la simplificación administrativa. ¿Cómo se puede abordar a fondo con sentencias del Constitucional en contra de la desaparición de las provincias o las diputaciones?

R. No se puede plantear una organización territorial si al final se superponen elementos administrativos. Ciertos cambios no dependen del Parlament. La competencia es del Congreso, lo cual dificulta, por ejemplo, la modificación provincial. No estamos en contra de las veguerías o de las regiones si se plantea la desaparición de las provincias o la reducción de competencias de las diputaciones.

P. La oposición y ciertos ámbitos municipales han criticado el papel de los consejos comarcales. El Gobierno quiere impulsar una reforma...

R. Existen muchos consejos comarcales que ya disponen de consejos de alcaldes de carácter voluntario. Dada la experiencia podrían ser de carácter reglado. También se les critica, y en parte lo comparto, que no han desempeñado el papel que les corresponde. Financieramente, no se les ha considerado un órgano territorial. En 2002 se negociará la financiación local y abogamos por incluir las comarcas en este sistema porque los consejos no pueden vivir sólo de la Generalitat o de los fondos de cooperación. Serían más eficaces con unos ingresos similares al de los municipios.

P. La Ley de Cooperación no se aprobó hasta la semana pasada. ¿Ha sido su parálisis sólo un problema de dotación presupuestaria?

R. Tal vez ése fue el más sonoro, pero se ha resuelto con el nuevo sistema de financiación autonómica. Si en 2001 se han destinado 2.400 millones de pesetas, en 2002 está cifra será de 3.660 millones. También se requería cierta unanimidad.

P. Su departamento está preparando un documento sobre el incremento del autogobierno, ¿será un informe de máximos o, dada la mayoría absoluta del PP, tendrá un carácter más pragmático?

R. Será una actualización del de 1999. Por una parte, tendrá una fuerte consistencia jurídica e irá acompañado de dos anexos en los que se establecen las propuestas de mejora del autogobierno junto con los instrumentos necesarios para que puedan llevarse a cabo. Un documento de máximos que explora todas las potencialidades de la Constitución, sin reformar tampoco el Estatut, porque entendemos que es muy difícil no sólo por la actual coyuntura política, sino por su complejidad. La Constitución y los estatutos poseen un diseño lo suficientemente abierto, flexible y dinámico para elevar nuestro techo de competencias. Tan sólo se necesita voluntad política, porque el proceso autonómico no ha acabado. El balance global es positivo, aunque muy restrictivo en algunos aspectos.

P. ¿Se ha dado prioridad a la descentralización administrativa?

R. Sí. Desde el punto de vista estatutario todavía existen traspasos pendientes que sólo requieren un acuerdo de la comisión mixta Estado-Generalitat. Pero lo que planteamos es la aplicación del artículo 150 de la Constitución en el sentido de legaciones legislativas o recuperación de la competencia exclusiva. El artículo de la Constitución en el que se habla de nacionalidades no se inventó porque sí. Se pretendía que diera respuesta a determinadas autonomías como Cataluña.

P. Parece que en la cuestión del autogobierno el Ejecutivo catalán tiene vocación de gota malaya.

R. Preferimos trabajar poco a poco e ir convenciendo con hechos y con textos, a un enfrentamiento abierto que no nos conduce a ninguna parte. Un enfrentamiento sólo sería válido si lo que planteáramos fuera una reforma de la Constitución. Primero hay que agotar sus potencialidades. Ya veremos si después es bien recibido por el Gobierno central o no. Pero nunca podrá decirnos que no somos leales a la Constitución y al Estatut. Nuestro autogobierno ha sido el más importante de la época moderna, pero no nos sentimos colmados.

P. El documento se lo entregará Jordi Pujol personalmente a José María Aznar.

R. Me imagino que irá por ahí.

P. Si este es el documento que la Generalitat presentará al Gobierno central, y CiU siempre ha apostado por la negociación bilateral, ¿en qué queda la ponencia parlamentaria sobre el incremento del autogobierno?

R. En 1987 se creó la comisión bilateral Estado-Generalitat, que es el órgano idóneo para debatir la mejora del autogobierno, aunque también he de admitir que hasta ahora ha servido de muy poco. La primera reunión fue en 1987 y la segunda, en 2001. La comisión debe mantenerse y ser el foro de discusión entre gobiernos. Otra cosa es la ponencia, cuya finalidad es intentar, entre todos los grupos, la redacción de un documento que permita dar una visión de conjunto del Parlament. Este objetivo, previsto para dar más fuerza al Gobierno y al Parlament, se está aguando precisamente por el documento de los socialistas, Esquerra e Iniciativa.

P. ¿No lo suscribiría?

R. No. Después de estudiarlo, creo que está muy por debajo de los planteamientos de CiU.

P. La izquierda sólo pide cambios en la Constitución para reformar el Senado y los acotados al Título III. Lo mismo que CiU plantea en su programa electoral.

R. No. No exactamente. Nosotros planteamos una mejora del autogobierno y no descartamos la reforma de la Constitución en cuanto al Senado, pero dudo que sea la misma que plantean los socialistas. Según como se plantee, la reforma pude resultar más negativa para las autonomías. Queremos una Cámara territorial en la que Cataluña tenga voz propia.

P. Y temen el café para todos.

R. Exacto. Ya tenemos suficiente café para todos. Plantear la reforma de la Constitución sólo para este asunto, pues la verdad... No queremos jugárnosla. No es necesario que nos enfrentemos. Se puede avanzar mucho sin cambiar la Constitución.

P. La estrategia de CiU es seguir contando con el PP como principal aliado parlamentario.

R. En principio sí. Aunque hayamos tenido rifirrafes o problemas concretos, su apoyo ha sido importante y positivo. Mantendremos el apoyo del PP en la medida que él también quiera mantenerlo.

P. ¿Por qué el Gobierno de CiU se puso tan nervioso cuando se filtró el nombre de sus asesores?

R. No nos pusimos nerviosos. Pero fue muy negativo publicar los nombres porque se invadió la intimidad de las personas. El modo no fue muy correcto. Una cosa es publicar los puestos de trabajo, el número de eventuales, y otra los nombres. Además, su número sólo representa el 0,16% respecto al total de empleados públicos.

P. Ve normal entonces que un asesor pueda cobrar más que un consejero o que el presidente.

R. Es que no es así. Ese documento contenía datos erróneos.

P. Ese documento salió de su propio departamento.

R. Los datos económicos o de personal, según como se difundan, pueden dar la sensación de que [algunas personas] están cobrando más, y en algunos casos la retribución estaba mal calculada. La gran mayoría del personal eventual de la Generalitat está asimilada al funcionario y una minoría, a los altos cargos. Nunca con una retribución por encima de un alto cargo.